Pocos días después de haber llegado a ser ministro de Justicia y Seguridad Pública, en noviembre de 2011, David Munguía Payés le habría propuesto al entonces presidente, Mauricio Funes la idea de mediar una reducción de homicidios con los cabecillas de pandillas recluidos en centros penales, a cambio de beneficios económicos y carcelarios.
Munguía Payés, quien tenía poco tiempo de haber sido ascendido a General de Brigada, y llegaba de ser ministro de Defensa, tuvo carta blanca departe del presidente para romper protocolos de seguridad en centros penales, con la ayuda del exguerrillero Raúl Mijango, quien a la fecha cumple una pena carcelaria.
Al trabajo de mediación que ejercía Mijango, se habrían sumado dos policías, con similares poderes para atravesar protocolos de seguridad en centros penales, comunicar directrices y trasladar solicitudes de los líderes de pandillas presos. Estas conclusiones fueron presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en un dictamen de acusación presentado este viernes contra Funes y Munguía Payés, acusados de ser los cerebros de la tregua que abarcó al menos dos años.
El fiscal del caso no reveló las identidades de los policías, pero reiteró que Munguía Payés emitió órdenes para flexibilizar normativas penitenciarias y así vulnerar protocolos de seguridad en reclusorios exclusivos de pandillas.
A Munguía Payés se le imputan los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios; mientras que a Funes se le agencian los cargos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
El pasado 23 de julio, la Fiscalía ordenó la captura de Funes y Munguía Payés por su implicación en la tregua. Actualmente, el exmilitar enfrenta otro proceso en el que se le acusa de actos arbitrarios, peculado y falsedad documental agravada, en una permuta de armas mientras fue ministro de Defensa.
Por su parte, Funes se encuentra prófugo de la justicia desde el año 2018. En El Salvador al acumular otros cinco procesos penales. Todos por diversos delitos de corrupción, siendo el más notorio, el que lo implica con el desfalco de más de $350 millones del erario público, a través de la creación de partidas en diversas instituciones del Estado, que luego eran usados para el pago de gastos suntuosos para su núcleo familiar y sus allegados.
Además de ese caso, Funes encara otros cuatro procesos judiciales. Por una parte, está señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) que dirigió Luis Martínez.
La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.