La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este jueves al Juzgado Octavo de Instrucción que los peritos culminen con las cinco partes del informe pericial conformado por 755 puntos.
“El informe pericial de la FGR sustenta con pruebas robustas y contundentes que Mauricio Funes y 31 personas más cometieron peculado y lavado de dinero y activos”, dijo una de las fiscales del caso. Luego agregó: “La investigación indica que Mauricio Funes sustrajo de las arcas del Estado US$351 millones”.
Mauricio Funes se encuentra prófugo de la justicia desde el año 2018. En El Salvador acumula al menos seis procesos penales. Todos por diversos delitos de corrupción, siendo el más notorio, el que lo implica con el desfalco de más de $350 millones del erario público, a través de la creación de partidas en diversas instituciones del Estado, que luego eran usados para el pago de gastos suntuosos para su núcleo familiar y sus allegados.
Además de ese caso, Funes encara otros cuatro procesos judiciales. Por una parte, está señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) que dirigió Luis Martínez.
La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
Los $300 millones que Saca se robó
El expresidente Elías Antonio Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016 mientras celebraba la boda de su hijo Gerardo Saca. Estaba en un salón de fiestas de Antiguo Cuscatlán. Ahí llegó un grupo de policías con una orden para capturarlo a él y a otros de sus exfuncionarios que se encontraban en la ceremonia. Días después, la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó por los delitos de peculado y lavado de dinero.
Cuatro días después, el 3 de noviembre, el expresidente Saca enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador. Fue la primera vez, desde su captura, que se le vio esposado. El exmandatario fue el primero en entrar a la sala de audiencias. Iba sereno, vestido con una camisa y un pantalón formal. El caso fue enviado a la fase de instrucción.
Tres meses después de haber sido capturado, la Policía Nacional Civil (PNC) publicó una fotografía en sus redes sociales en la que se observa a Antonio Saca con las manos amarradas, vestido de blanco; de su hombro cuelga una toalla del mismo color. Calza unas chancletas. A su lado están sus amigos, en las mismas condiciones, en el mismo lugar. Están en una bartolina policial de San Salvador, listos para ser llevados a una celda del Penal La Esperanza.
El caso llegó a manos del Juez Cuarto de Instrucción, Rigoberto Chicas, quien, a pesar de que el caso no tenía reserva legal, no permitió que la prensa ingresara a la audiencia preliminar. Finalmente, en mayo de 2018, el expresidente Saca fue enviado a juicio.
Al inicio del juicio, Mario Huezo, uno de los fiscales del caso, detalló que la Fiscalía General de la República había negociado con los acusados y con los abogados de estos para realizar un proceso abreviado, es decir, que los imputados confesaran sus delitos a cambio de recibir menos años de cárcel. El fiscal aseguró que contaban con una declaración extrajudicial donde el expresidente Saca, y tres de sus exfuncionarios, reconocían haber cometido actos de corrupción. El acusador explicó el acuerdo. Detalló que la Fiscalía pediría una condena de 10 años de prisión para Antonio Saca y para su exsecretario Privado, Élmer Charlaix; y cinco años de cárcel para César Funes, exsecretario de la Juventud, y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Los abogados defensores aceptaron el acuerdo.
Con el expresidente Saca y sus exfuncionarios también fueron acusados Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera, tres exempleados de Casa Presidencial acusados de participar en la desviación de fondos públicos. Los abogados de estos denunciaron que la Fiscalía no estaba actuando en igualdad de condiciones. Alegaron que ellos también habían solicitado a la Fiscalía un proceso abreviado para sus defendidos, pero que hasta la fecha no habían recibido respuesta. Y pidieron, ante el juez, que se les tomaran en cuenta. Más tarde la Fiscalía aclaró en un comunicado que no habían aceptado la solicitud de estos abogados porque pretendían que se impusieran las penas más bajas. Al final, dos de ellos entraron al proceso abreviado y Pablo Gómez, quien no aceptó el acuerdo, fue condenado a 16 años de cárcel. Fue la condena más alta del caso.
En el tercer día del juicio, Elías Antonio Saca confesó que mientras fue presidente de El Salvador se robó varios millones de dólares para beneficio personal, de su familia y de sus amigos. Saca explicó el complejo mecanismo que utilizó para desviar el dinero público a cuentas personales. Detalló que, para ello, utilizó a testaferros entre los que estaban el expresentador televisivo, Jorge Hernández, y el contador Irving Pavel Tóchez. También brindó detalle de todos los inmuebles que adquirió con ese dinero.
Tras confesar sus delitos, el expresidente Saca fue condenado a 10 años de prisión: cinco por lavado de dinero y cinco por peculado.
Durante el proceso judicial, el entonces jefe de la Unidad Financiera, Jorge Cortez, anunció que la Fiscalía recuperaría por lo menos $25 millones de los más de $300 millones que Saca se robó, según la acusación penal. En agosto del año pasado, fiscales iniciaron el proceso de extinción y llegaron a la mansión donde había el expresidente Saca, ubicada en la finca Linda Vista del Cantón El Carmen del volcán de San Salvador, la cual, según la Fiscalía, tiene un valor de 8 millones de dólares.
El pasado viernes, el Tribunal Cuarto de Sentencia condenó a Ana Ligia de Saca, esposa del expresidente Elías Antonio Saca, a 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero.
En abril del 2018, un fiscal del caso del expresidente Saca dijo a Diario 1 que el hecho que algunos funcionarios del expresidente Elías Antonio Saca no estén siendo procesados por delitos de corrupción no significa que están inmunes a una investigación. Sobre todo aquellos que pertenecían al círculo íntimo del expresidente Saca.
Lo que extraña a muchos analistas políticos es que en el proceso contra el expresidente Antonio Saca no aparezcan personajes que fueron parte de su círculo íntimo y aparentemente testaferros, por ejemplo, su ministra de Educación, Darlyn Meza, o el designado presidencial, Elías Jorge Bahaia Samour.
Darlyn Meza actualmente es importante accionista de canal 33 e influye en la línea editorial de ese medio, mientras que Elías Jorge Bahaia (uno de los hombres más cercanos al expresidente Saca) hasta el momento no ha sido mencionado en procesos judiciales sobre este multimillonario caso de corrupción.
René Figueroa, quien fue su ministro de Seguridad, fue acusado de lavado de dinero hasta tres años después de la captura del exmandatario. Actualmente guarda prisión domiciliar.