El suegro del expresidente Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, llegó este miércoles a El Salvador, extraditado desde Costa Rica, para que responda ante la justicia por el delito de lavado de dinero, como parte del entramado de corrupción establecido por su yerno durante su mandato (2009-2014).
Guzmán Berdugo arribó a El Salvador a las 06:18PM, en un avión de la Fuerza Armada de El Salvador. Manuel Garay Coto, jefe de la Interpol en El Salvador, fue quien coordinó el proceso de extradición desde Costa Rica.
Su extradición fue supervisada en el país por el fiscal general Rodolfo Delgado, y el gabinete de seguridad del gobierno, encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
A su llegada, será puesto a la disposición del Juzgado 8° de Instrucción de San Salvador, que recientemente recibió el expediente del caso denominado “Saqueo Público”. Dicho juzgado lo pondrá en custodia y designará el centro penal en el que deberá guardar prisión, a la espera de su audiencia preliminar.
El pasado 30 de abril, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, Costa Rica, aprobó la extradición a El Salvador Guzmán Berdugo. Dos meses antes, la Corte Suprema de Justicia costarricense aprobó la extradición del suegro del exmandatario. El gobierno salvadoreño, desde la notificación de la resolución.
Guzmán Berdugo, padre de Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, actual compañera de vida de Funes y quien está refugiada junto con él en Nicaragua, fue capturado el 1 de abril de 2019 en el país centroamericano.
En su momento, la Fiscalía señaló que el proceso de extradición había tardado porque el familiar de Funes presentó una serie de recursos legales para detener su salida de suelo costarricense.
Mauricio Funes se encuentra prófugo de la justicia desde el año 2018. En El Salvador acumula al menos seis procesos penales. Todos por diversos delitos de corrupción, siendo el más notorio, el que lo implica con el desfalco de más de $350 millones del erario público, a través de la creación de partidas en diversas instituciones del Estado, que luego eran usados para el pago de gastos suntuosos para su núcleo familiar y sus allegados.
Además de ese caso, Funes encara otros cuatro procesos judiciales. Por una parte, está señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) que dirigió Luis Martínez.
La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.