Elías Antonio Saca González podría salir de prisión en octubre de 2021 si paga los 280 millones de dólares que fue condenado a reintegrar al Estado en concepto de responsabilidad civil por los delitos de corrupción que cometió entre los años 2004 y 2009 cuando fue presidente de la República.
Mario Machado, su abogado defensor, aclaró sin embargo que esa cantidad de dinero la estableció la Fiscalía General de la República (FGR) sumando presupuestos generales de la Nación de cinco años y sin determinar cómo ese dinero fue a parar a los bolsillos del exmandatario o si fue a parar a manos de terceros que se beneficiaron de la corrupción.
Por eso, según él, el monto real debe ser inferior a 19 millones de dólares, es decir 261 millones de dólares menos.
En la entrevista Frente a Frente de la TeleCorporación Salvadoreña (TCS), el abogado defensor contó que mientras negociaba con los fiscales del caso la confesión de los delitos de corrupción, Saca aceptó renunciar a pelear en los tribunales el monto de la responsabilidad civil para quedarse con lo que presentara la Fiscalía.
“Nos dejó desarmados”, afirmó en la entrevista televisiva.
No aclaró, sin embargo, si Saca no tiene suficiente dinero para pagar esa millonaria cantidad o si más bien pretende controvertirla.
El problema, si es que pretendiera controvertirla, es que las instancias judiciales para hacerlo ya están agotadas porque la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya la ratificó.
“Tomó todo el presupuesto y no le importó obviar pagos en empresas hoteleras, reparaciones de helicópteros, pagos a AFP´S, sobresueldos del ejecutivo; agarraron el dinero licito e ilícito, sin distingos, y metieron la cantidad completa”, criticó Machado.
Afirmó, además, que Douglas Meléndez, entonces fiscal general, admitió en una entrevista con un periódico digital, que la cantidad de dinero imputable directamente al expresidente Saca eran 19 millones de dólares, que uno de los jueces que condenaron al expresidente en primera instancia señalaron que la responsabilidad civil no estaba determinada aun con una cantidad exacta.
Dio a conocer que presentó al tribunal que lleva el caso Saca una lista con todos los destinatarios de los sobresueldos pero los fiscales del caso se negaron a permitir que los auditores verificaran la información.
“No fue realizado (el peritaje) porque iba encaminado al beneficio de la objetividad y la verdad”, expresó.
Entonces, si paga la millonaria cantidad, Saca podría salir de prisión en octubre solicitando los beneficios de haber cumplido la mitad de la condena.
Pero, hasta el momento, según su abogado, no la ha pagado.
El 9 de agosto de 2018 Saca confesó que robó dinero mientras se desempeñó como presidente de El Salvador.
Saca indicó, entre otras cosas, que algunos de sus cómplices para robar fueron el expresentador Jorge Hernández y el abogado Irving Tóchez, quienes crearon un mecanismo mediante la creación de distintas sociedades y la compra de varios inmuebles, para lavar dinero del Estado.
La Fiscalía acusaba, en ese momento, al exmandatario de ser pieza fundamental en una gigantesca maquinaria de corrupción. La operación, según las investigaciones fiscales, ocurrió así: cuando Saca llegó a la presidencia aprobó el reglamento interno de “funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia de la República destinados a las actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secretos”.
Hasta el pasado mes de julio, el expresidente y sus abogados habían esgrimido que ese fue un decreto ejecutivo que respaldaba una partida de dinero para los gastos reservados, por ejemplo, para el funcionamiento del Organismo de Inteligencia (OIE).
Pero de acuerdo con la acusación fiscal, desde que el reglamento entró en vigencia, los contadores crearon 16 cuentas bancarias.
Saca firmó 60 cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público a nombre de Élmer Charláix Urquilla, entonces secretario privado de la Presidencia. Éste lo depositó en dos cuentas a su nombre: una en el Banco Agrícola y en el Banco Davivienda. Ese fue el primer desvío de fondos. Ascendía a más de 16 millones de dólares.
En el año 2006, Saca le ordenó a Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia, y a Pablo Gómez, técnico de la UFI, abrir 14 cuentas: el primero abrió diez y el segundo dos en los bancos Citibank e Hipotecario. Según la Fiscalía, entre los dos movieron 251 millones 297 mil 412 dólares.