José Adán Salazar Martínez, hijo de José Adán Salazar Umaña (Chepe Diablo), enfrentó este martes el inicio de la audiencia preliminar en su contra, por el delito de lavado de dinero y activos, en relación con la red de blanqueo de capitales que montó su padre por casi 15 años.
La Fiscalía General de la República lo señala por un incremento patrimonial injustificado, de 2003 a 2015, cuando manejó presuntamente altos ingresos en productos financieros y efectuó movimientos bancarios por un monto de $9, 3434,531.18.
En total, al añadir otros movimientos en empresas en las que él era representante, el hijo de Chepe Diablo habría lavado más de $12 millones, resaltó la Fiscalía, quien además demandó el pago de una responsabilidad civil, por un poco más de $3 millones.
El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, que lleva la causa contra Salazar Martínez, estaba por girarle orden de captura. El pasado 23 de febrero, esta instancia le previno a justificar el porqué no ha comparecido a las audiencias realizadas contra su núcleo familiar, ya que de no hacerlo en tres días, se le iba a declarar en rebeldía.
Ese mismo día, Salazar Martínez se entregó al juzgado en compañía de su abogado, quien manifestó que su cliente se presentó voluntariamente al juzgado para: “someterse a la audiencia preliminar con el objetivo de ejercer su defensa material y técnica”.
Después de su intimación, Salazar Martínez fue llevado a prisión, y aunque sus abogados intentaron apelar la decisión del juzgado, la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó que siguiera encarcelado.
Su caso fue separado en la audiencia preliminar desarrolladora por el juzgado 4° de Instrucción por tener la calidad de ausente desde el 4 de abril del año 2017.
La vista pública contra Chepe Diablo, el exalcalde de Metpán Juan Umaña Samayoa, y tres de sus parientes, concluyó el pasado 12 de febrero con el anuncio por parte del Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador de emitir su sentencia el 06 de abril, cuatro años y dos días después que la red de lavado de dinero que montaron los metapanecos entre 2003 y 2017, fuera desmantelada por la FGR.
De acuerdo a lo develado durante la vista pública, el centro de operaciones de este entramado de lavado, en base a indagaciones fiscales, fue Agroindustrias Gumarsal, desde donde se operaban 32 sociedades creadas para blanquear el dinero, que según el Ministerio Público, habría sido obtenido de actividades relativas a las drogas, principalmente en los años 90.
Dicho dinero, sostuvo la parte acusadora del proceso, fue colocado en un inicio en Agroindustrias Gumarsal y en la sociedad Hoteles de El Salvador (HOTESA). Fiscales del Grupo Contra la Impunidad (GCI), pruebas periciales y el testimonio de expertos financieros, apuntan a que el dinero para conformar Gumarsal provino de Chepe Diablo, quien se desvinculó de esa sociedad en 1998, sólo para reaparecer nueve años después con la compra de un stock de acciones, que luego fueron a parar a su ahijado, Wilfredo Guerra Umaña, por debajo de su precio real en el mercado.
Chepe Diablo, un metapaneco de 72 años se enfocó en HOTESA, una cadena hotelera caracterizada por casi nunca tener huéspedes, pero por alguna razón, le ayudaron a su dueño y fundador a incrementar su patrimonio en más de $8 millones, según un informe pericial citado por la Fiscalía en la vista pública.
A través de pagos de deudas autorizados por HOTESA al mismo Chepe Diablo, así como otras transacciones dudosas, la Fiscalía calcula que solo Chepe Diablo, aumentó su patrimonio en 14 años, en $5,671,541; de los cuales $3,856,351 no han sido justificados.
Uno de los fiscales del caso sostuvo que lo movilizado por esta estructura en los 14 años de investigación, fueron $508 millones, entre las transferencias realizadas por las sociedades, compra de vehículos, bienes inmuebles, entre otros.
El monto malversado en estas operaciones, agrega la FGR, es de $132 millones, si se toma en cuenta la participación de los procesados ausentes, como Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal al momento de los allanamientos y capturas llevados a cabo en 2017.
El esquema de lavado, señaló la Fiscalía, funcionaba de esta forma: Las 32 sociedades del clan Salazar-Umaña obtenían productos financieros en diferentes instituciones para lograr su estratificación. Este dinero tenía un ciclo de integración, ya que se depositaba en efectivo, luego este era transferido a diferentes cuentas de la misma sociedad o de otras que formaban el grupo Gumarsal.
Las nuevas sociedades, así como las que ya eran parte del grupo Gumarsal, fueron vendidas a otras firmas domiciliadas en Panamá, destinadas a beneficiar a la fundación Cultivando el Progreso, cuya junta directiva estaba integrada por Juan Umaña Samayoa, Romelia Guerra, Wilfredo Guerra, Tránsito Ruth Mira y Miriam Haydee Salazar.
Además de la condena de 20 años de cárcel solicitada por la FGR para los acusados, se ha pedido a los jueces de la causa, avalar una responsabilidad civil de un poco más de $175 millones contra los acusados, de los cuales, solo $4,4 millones corresponden al núcleo familiar Salazar Umaña.
A la fecha, Wilfredo Guerra, expresidente de Agroindustrias Gumarsal, su esposa Tránsito Ruth Mira de Guerra, y Miriam Haydee Salazar de Umaña, esposa de Juan Umaña Samayoa, continúan prófugos de la justicia. Según la Fiscalía, todos ellos presuntamente colaboraron con Chepe Diablo para lavar dinero, para lo que crearon sociedades de personas jurídicas, muchas de las cuales fueron ocupadas como fachadas.