La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de tres personas más en el caso contra el expresidente Elías Antonio Saca, condado en 2018 por delitos de corrupción.
Los detenidos han sido identificados como Federico Barillas, José Eduardo Mixco y Carlos Barillas. Los tres por delitos de lavado de dinero y activos.
La FGR señaló que los imputados defraudaron $16,012,665.55 provenientes de fondos públicos que fueron desviados durante la presidencia de Elías Antonio Saca. La FGR también ordenó allanamientos en distintas propiedades.
El jefe de la unidad contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía, Germán Arriaza, aseguró que los ahora detenidos, participaron en distintas modalidades de lavado de dinero, como colocación, estratificación e integración de cuentas, usadas para sustraer dinero del erario público.
De acuerdo con reportes, los operativos contra los nuevos implicados en el entramado de corrupción del expresidente Saca, iniciaron en horas de la mañana de este miércoles, y entre los muebles incautados está una vivienda ubicada sobre la avenida La Capilla de la Colonia San Benito, en esta capital.
En sus redes sociales, la Fiscalía habría incluído de manera inicial, la captura de Irving Tóchez, antiguo director ejecutivo de CEL y exauditor interno de las empresas otrora propiedad de la familia Saca. Instantes después, la entidad cambió la imagen y en la nueva se incluyó a Federico Barillas, en lugar de Tóchez.
Informes usados por la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Saca, apuntan a que Tóchez sería el artífice del esquema de lavado de dinero ocupado en el quinquenio presidencial que abarcó de 2004 a 2009. El exauditor habría asesorado al exmandatario en la creación de 14 cuentas bancarias y en la compra de bienes inmuebles, para camuflar sin problemas el dinero desviado desde Casa Presidencial.
Un reporte de la Revista Factum de 2018, sostiene que el despacho contable fundado por Tóchez, ubicado en la colonia La Sultana de Antiguo Cuscatlán, fue desocupado y ahora solo queda una casa abandonada, sin que haya rastro de sus arrendatarios.
El caso «Destape a la corrupción»
El pasado 5 de enero, el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia de Saca fueron condenados por la Cámara Primera de lo Civil por el delito de enriquecimiento ilícito.
En su resolución, la Cámara ordena al expresidente restituir al Estado la cantidad de $3,892,698.71 y a su esposa $589,608.82. Además, Saca no podrá ejercer cargos públicos durante 10 años.
El fiscal general Raúl Melara detalló que “este monto se refiere únicamente al juicio civil por enriquecimiento Ilícito y que “hay que sumar los 300 millones a los que ya fue condenado”.
“Elías Antonio Saca y su esposa deberán regresar al Estado US$4,482,307.53, dinero que robaron mientras se desempeñaba como Presidente de la República. Saca queda, además, inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años”, dijo Melara.
La Fiscalía General de la República (FGR) había pedido en el juicio que el expresidente y su esposa reintegraran al Estado más de 5 millones de dólares que se habrían robado mientras estuvieron en el gobierno.
De acuerdo con la FGR, entre el 1 de junio del 2004 y el 31 de mayo de 2009, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia se pronunció por 7 irregularidades cometidas por el matrimonio Saca-Mixco en donde no se justifica la obtención lícita de $5,166,945.35.
De esa cantidad, $4,447,590.42 correspondían a señalamientos en contra del expresidente Saca y $718,904.93 de su esposa.
En 2016, la Fiscalía acusó a Saca González de haber malversado unos 300 millones de dólares de los cuales una parte fueron a parar a sus cuentas personales, de su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca, las empresas de ambos y las cuentas de algunos de sus funcionarios.
En ese entonces Saca confesó para someterse al proceso abreviado y recibir una condena mucho menor de la que habría recibido en un proceso penal común.
Casi un mes después Saca fue condenado a diez años de cárcel. Lo condenó el Segundo de Sentencia. Ese día también fueron condenados los exsecretarios presidenciales, César Funes, Élmer Charlaix y Julio Rank, además de los empleados Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera.
Los fiscales acusaron a Saca de ser pieza fundamental en una gigantesca maquinaria de corrupción. La operación, según los acusadores, ocurrió así: cuando Saca llegó a la presidencia aprobó un reglamento interno para desviar varios millones de dólares a cuentas particulares.
En el año 2006, según la acusación, Saca ordenó a Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia, y a Pablo Gómez, técnico de la UFI, abrir 14 cuentas: el primero abrió diez y el segundo dos en los bancos Citibank e Hipotecario.
Según la Fiscalía, entre los dos movieron 251 millones 297 mil 412 dólares.
Saca firmaba los cheques para Arteaga y Gómez. Ellos los depositaban en sus cuentas para posteriormente transferirlos a las cuentas de Saca, su esposa, sus empresas y a las de sus socios o amigos. Las empresas del exmandatario son: Promotora de Comunicaciones, Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión de Usulután y Stereo 94.1 FM.
El 26 de diciembre la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó que Saca debía reintegrar al Estado 260.7 millones de dólares.
Charlaix fue condenado a devolver 15 millones de dólares; César Funes y Julio Rank, condenados a cinco años de cárcel, deben pagar 886, mil 697.97 y 8 mil 348 dólares, respectivamente.