Raúl Melara, fiscal general de la República, aseguró que pedirá apoyo a la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICES) para investigar las presuntas plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa.
Actualmente, la FGR está trabajando la investigación de manera coordinada con la Corte de Cuentas de la República (CCR). No obstante, Melara considera necesario el apoyo de la CICIES en este caso.
La tarde de este miércoles, la Fiscalía también allanó las oficinas de los partidos políticos como parte del caso de las plazas fantasmas.
El fiscal general ha reconocido el apoyo de la CICIES en algunas investigaciones de presunta corrupción del actual gobierno. Sin embargo, nunca se han conocido detalles del aporte de esta entidad creada en septiembre del 2019 con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Melara aseguró la noche del lunes que había comenzado una investigación por las denuncias de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa.
“Desde el momento que hemos tenido conocimiento de que hay posibles irregularidades en el otorgamiento de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa hemos abierto el expediente”, aseguró.
La mañana de este martes, fiscales y policías allanaron las instalaciones del Órgano Legislativo con el propósito de encontrar evidencias de las presuntas plazas fantasmas.
La semana pasada se filtró una presunta lista de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa. El presidente de la República, Nayib Bukele, detalló en redes sociales que la información recabada indicaba que “de las 2,400 plazas qué hay en la Asamblea Legislativa 1,200 serían plazas fantasmas”.
Eso, dijo el mandatario, es el 50% del personal de la Asamblea Legislativa.
La semana pasada, el sindicato de la Asamblea denunció que las fracciones de los distintos partidos políticos estaban blindando a sus empleados. Es decir, los están trasladando a plazas institucionales para que la nueva legislatura (compuesta en su mayoría por diputados de Nuevas Ideas, que asumirá el próximo 1 de mayo) no los pueda despedir de sus cargos.
El pasado viernes, Mario Ponce reconoció haber impulsado un decreto de retiro voluntario para que algunos empleados que ocupan estas presuntas plazas fantasmas renunciaran a cambio de $35 mil de indemnización.
Ponce, además, ha dicho que hay empleados que no marcan tarjeta porque trabajan más del horario normal.
El diputado de ARENA, Norman Quijano, confirmó la existencia de plazas fantasmas dentro de la Asamblea Legislativa y aseguró que tenían el respaldo de algunos diputados.
“Nosotros suprimimos muchísimas plazas fantasmas, le pedí a todos los jefes de las unidades que me dijeran las plazas fantasmas que ellos detectaban en sus unidades y las suprimimos sin ningún beneficio”, dijo Quijano.