La Cámara Primera de lo Penal revocó la libertad condicional que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador le otorgó a José Adán Salazar Martínez, hijo de José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo.
“Revócase lo resuelto por el Juez Cuarto de Instrucción Interino, en que se decretó el cese de la detención provisional del imputado José Adán Salazar Martínez, y le impuso medidas sustitutivas, subsistiendo, por lo tanto, su detención provisional”, señala la resolución de Cámara publicada por El Diario de Hoy.
Salazar Martínez se presentó al juzgado tras cuatro años ausente de un proceso penal en su contra por lavado de dinero y activos. Llegó acompañado de su abogado, quien dijo que “su cliente se presentó voluntariamente al juzgado para someterse a la audiencia preliminar con el objetivo de ejercer su defensa material y técnica”.
El procesado fue intimado. Luego el juzgado avisó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que acudieran a la sede judicial a realizar la captura del imputado ya que tiene una orden vigente decretada por un juzgado de paz.
Posteriormente el Juzgado le otorgó medidas sustitutivas a la detención: presentarse cada 15 días a firmar al juzgado, la prohibición de salir del país, depositar su pasaporte, la obligación de fijar un domicilio, y una fianza de $50,000
No obstante, la Cámara indicó que “el juez enumera una serie de argumentos tomando en cuenta los supuestos arraigos; sin embargo, no hace un análisis pormenorizado de cada uno de los arraigos y del porqué los mismos son suficientes, limitándose a mencionar las partidas de nacimiento de los hijos, pese a que no se logró acreditar el arraigo laboral”.
El juicio contra José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, y sus cómplices comenzó el pasado 26 de octubre. La Fiscalía asegura que la pericia financiera contable determina un supuesto lavado de $127 millones por parte de Agroindustrias Gumarsal y $5 millones a través de Hotesa, lo cual suma un total de $132 millones.
Gumarsal es propiedad de Juan Umaña Samayoa y su hijo Wilfredo Guerra Guerra. Mientras que Hotesa pertenece a Chepe Diablo. En el mismo caso están siendo juzgadas Sara Paz Martínez Bojórquez, Susana Nohemy Salazar de Cruz y Romelia Guerra Argueta.
Los fiscales aseguraron que cuentan con prueba documental y la declaración de 150 testigos. Por eso pedirán una condena máxima por lavado de dinero, es decir, 15 años de prisión.
Durante el inicio del juicio, el Tribunal Segundo de Sentencia resolvió, a petición de la defensa, que Juan Umaña Samayoa, exalcalde de Metapán, quede en libertad a cambio de una fianza de $100,000.
Samayoa estará bajo arresto domiciliario y deberá presentarse a los juzgados cada 15 días a firmar. No podrá salir del país. La medida del tribunal se debe a que el imputado ya cumplió dos años en prisión y aun no se resuelve su situación jurídica.
El caso se remonta a principios de abril de 2017, cuando Douglas Meléndez, entonces fiscal general, confirmó que Chepe Diablo fundó “cientos de sociedades” de las cuales una gran cantidad son sociedades de cartón o de fachada que fueron ocupadas para lavado de dinero.
¿Cuál fue el mecanismo que ocuparon para lavar dinero? Compraban bienes y los revendían a menor precio. El principal beneficiado, según describió en su momento la Fiscalía, era el patriarca, es decir, Salazar Umaña.
¿Quién es Chepe Dibalo?
A finales de los años 80 Chepe Diablo comenzó a acumular una gran fortuna con negocios turbios. En 1991, con ese dinero oscuro, fundó la cadena Hoteles de El Salvador (HOTESA) que desde entonces siguió extendiéndose hasta sumar siete hoteles en Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, La Libertad, La Paz y Usulután.
Sin embargo, en 1997 las ganancias de Chepe Diablo aumentaron exponencialmente. En esos años fundó con su amigo Juan Samayoa Umaña la empresa comercializadora de granos Gumarsal que desde entonces acumuló 170 millones 952 mil 288 dólares los que, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía General de la República (FGR) son de origen oscuro.
El 30 de mayo de 2014 la presidencia de Barack Obama incluyó a Chepe Diablo en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, la conocida como Lista Kingpin o Lista Clinton, cuyo propósito es detener las actividades ilícitas de personas u organizaciones extranjeras relacionadas con el narcotráfico que, con el paso del tiempo, pueden convertirse en amenazas para la seguridad de Estados Unidos.