El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador programó para el próximo 06 de abril, a las 2:00 p.m, el fallo contra José Adán Salazar Umaña -Chepe Diablo- y el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, acusados por lavado de dinero y activos continuado.
Este viernes culminó la vista pública contra ellos y Romelia Guerra, Sara Paz Martínez y Susana Nohemy Martínez, quienes formaban parte de una estructura de lavado que fue desmantelada en abril de 2017.
Los jueces justificaron el tiempo para dar su fallo, debido a lo voluminoso del caso, debido a que son 2,748 piezas, por lo que deben analizar y poder estipular la prueba.
Asimismo resolvieron que los acusados seguirán con las medidas cautelares que gozan hasta este momento, solo que advirtieron que de no respetar dichas medidas, les revocarán o podría darse un nuevo delito. Dicha resolución se da luego que en alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal, solicitó que los acusados quedaran en detención hasta el momento del fallo.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al grupo de acusados, de integrar una estructura de lavado de dinero, a través de la creación de 32 empresas de cartón y otras sociedades domiciliadas en Panamá. El tiempo que abarcó este lavado, contempla desde 2003 hasta 2017, según las investigaciones.
Uno de los fiscales del caso sostuvo que lo movilizado por esta estructura en los 14 años de investigación, fueron $508 millones, entre las transferencias realizadas por las sociedades, compra de vehículos, bienes inmuebles, entre otros.
El monto malversado en estas operaciones, agrega la FGR, es de $132 millones, si se toma en cuenta la participación de los procesados ausentes, como Wilfredo Guerra Umaña, expresidente de Agroindustrias Gumarsal.
Por otra parte, el Tribunal accedió a la petición fiscal de certificar el testimonio de un perito accidental, y dos gerentes del Grupo Gumarsal, para determinar e investigar, por presuntamente, proporcionarle al perito información contable vía digital, sin que ésta haya sido previamente presentada al Juzgado 4° de Instrucción, ni se encuentre agregada en el proceso.
La Fiscalía solicitó pena máxima de 20 años de cárcel para todos los implicados en la red de lavado, y un resarcimiento económico al Estado de $175 millones.