El Centro de Escuchas Telefónicas de la Fiscalía General de la República (FGR), fue alertado en 2016 por una llamada. El presidente de Agroindustrias Gumarsal, Wilfredo Guerra Umaña, se comunicaba con otro hombre que alcanzaron a identificar como “Abogado Figueroa”. Esto fue lo que se sustrajo de esta llamada:
-Wilfredo Guerra: “¿Ya tiene la documentación lista para sacar a mi papá de accionista de GALVAMET?”.
-Abogado Figueroa: “¡No se preocupe! Ya tengo lista la documentación para que su papá no aparezca como accionista.
-Wilfredo Guerra: “Esto lo necesitamos para que las cuentas las puedan hacer a la Alcaldía de Metapán”
La sociedad en cuestión era Galvanizados de Metapán (GALVAMET), un negocio cuyo giro era la venta de láminas, y que forma parte del decálogo de sociedades de cartón fundados por el clan Samayoa-Umaña, que formaron José Adán Salazar Umaña (Chepe Diablo), el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y su hijo Wilfredo Guerra, prófugo de la justicia.
Peritajes de la Fiscalía demostraron que Juan Umaña era accionista de dicha sociedad, y que hizo contratos para venderle productos a la Alcaldía de Metapán, en el departamento de Santa Ana, de la que el mismo Umaña fue edil, entre 2006 y 2017.
Las indagaciones fueron más allá, a tal punto de revelar que no hubo licitaciones en estas compras por parte de la comuna metapaneca, y que los negocios se hacían de forma directa, en franco conflicto de intereses.
La idea de Umaña Samayoa y su vástago, era seguir con el esquema de sustracción de fondos de la Alcaldía de Metapán, la cual le percibió al primero, $286,000 que no fueron declarados al fisco.
Para seguir con el esquilme, Samayoa llamó al “Abogado Figueroa”, para solicitar una asesoría, con la que el quedara eximido de aparecer en las facturas de compra de GALVAMET, a fin que los productos llegaran sin problema a la Alcaldía. En una llamada telefónica interceptada por la Fiscalía, el abogado le reitera que la documentación estaba lista, pero que si era necesario, podían crear otra sociedad.
Informes de experticia financiera de la Fiscalía, los cuales se discutieron en la vista pública contra Juan Umaña y Adán Salazar, sostienen que fue la Alcaldía de Metapán la que más cheques entregó a GALVAMET, y que el mismo Umaña Samayoa, era el que los depositaba.
La representación fiscal agregó que este patrón se identificó, principalmente, en el último período de Umaña Samayoa como alcalde, de 2015 a 2018. Dicho período no fue concluido, ya que en 2017 se le ordenó captura, y él tuvo que darse a la fuga.
En las llamadas interceptadas, se identifica el delito de negociaciones ilícitas, aunados a los actos de corrupción y lavado de dinero por los que se le procesa junto con su primo, José Adán Salazar Umaña.
Por tal razón, la Fiscalía solicitó una responsabilidad civil en contra de Samayoa, por $95,590, en concepto de la no declaración de estas actividades, además del desfalco al que sometió a su mismo municipio, el cual gobernó entre 2006 y 2017.
Un equipo de fútbol usado para lavar dinero
En la fase de alegatos finales en la que se encuentra el juicio contra el clan Umaña-Samayoa, la Fiscalía demostró el pasado jueves que Juan Umaña se hizo con otros $92,000 provenientes de la Asociación Deportiva Isidro Metapán, club de la Primera División de El Salvador, que se caracterizaba por sus contrataciones rutilantes de jugadores, mientras Umaña era el alcalde metapaneco.
En la camisola del Metapán, era común ver publicidad de las sociedades creadas por el clan, principalmente las marcas de Agroindustrias Gumarsal, actualmente en control del gubernamental Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), y que actualmente opera bajo el nombre General Alimentos.
Durante los alegatos finales de la vista pública, en la que también se juzga a Romelia Guerra, Sara Martínez y Susana Martínez, familiares del exalcalde, la Fiscalía estableció que una pericia contable determinó que la asociación deportiva sirvió de fachada para lavar dinero.
En la actualidad, el equipo sigue bajo el control de la Alcaldía de Metapán, pero sin el esquema de lavado de dinero implantado por sus antiguos dueños, el conjunto ha caído en la irrelevancia, y sin el poder económico de antaño.
El 25 de octubre de 2018 Umaña Samayoa fue capturado después de permanecer prófugo durante varios meses. Fue enviado al sector 9 del Centro Penal La Esperanza, en San Salvador.
El 27 de octubre de 2020 el Tribunal Segundo de Sentencia lo benefició con el arresto domiciliario y le impuso el pago de una fianza de $100,000. Desde entonces su residencia está en el condado Santa Elena, avenida Las Cascadas, en Nuevo Cuscatlán, La Libertad.
El 29 de noviembre de 2017 la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador revirtió la detención provisional que había sido ordenada contra Adán Salazar, mejor conocido como Chepe Diablo. Desde entonces, él y su familia deben presentarse cada 15 días a firmar al Tribunal, no pueden salir del país ni cambiar de residencia, entre otros.
El 3 de octubre de 2019 la Fiscalía dijo que Chepe Diablo y sus cómplices tuvieron un incremento patrimonial injustificado de más de $508 millones a través de las empresas Gumarsal y Hotesa. Otras empresas formadas por la sociedad, están domiciliadas como offshores en Panamá, entre ellas Fundación El Progreso, acotó la representación fiscal.
De acuerdo con los fiscales del caso, el dinero no fue declarado en el ministerio de Hacienda y, por lo tanto, Chepe Diablo y los demás acusados evadieron pagar en impuestos $138 millones.
Las diversas sociedades creadas por Chepe Diablo, Umaña Samayoa y el prófugo Wilfredo Guerra, lavaron un estimado de $205 millones, de acuerdo con las investigaciones fiscales.
Chepe Diablo es originario de Metapán, Santa Ana. Su historia empresarial está plagada de dudas: empezó como cambista de quetzales a colones en la frontera de El Salvador y Guatemala; y, en pocos años, se convirtió en un millonario dueño de gasolineras, hoteles y otros negocios.