El juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló este martes la vista pública (juicio) en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia de Saca, y otros 13 imputados más, por el delito de lavado de dinero y activos.
Llegar a esta fase procesal tomó más de 16 meses, debido a diversas peticiones por parte del equipo legal de la exprimera dama, para solicitar un proceso abreviado en el que ella confesara su participación en una red de corrupción que benefició a su esposo, el expresidente Elías Antonio Saca, a cambio de una pena de tres años de trabajo comunitario.
En una entrevista concedida el año pasado, el fiscal general Raúl Melara, explicó el trato fue rechazado, ya que se impuso como condición que la procesada devolviera $17.5 millones, que fueron extraídos de la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, durante la gestión presidencial de su esposo (2004-2009).
En el juicio, que se espera tenga una duración de entre 15 días a un mes, son procesados exempleados de Casa Presidencial y del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), así como publicistas.
De manera extraoficial se conoció que el juzgado de la causa decidió separar del proceso a tres de los imputados que no se presentaron al inicio de la vista pública, debido a estar contagiados de la COVID-19.
La Fiscalía bautizó el caso como: “Destape a la corrupción II”. Según las investigaciones, Ana Ligia de Saca y un grupo de publicistas, desviaron dinero público hacia cuentas privadas y contratos de publicidad, que finalmente desembocaban en las arcas del Grupo Radial Samix, propiedad de la familia Saca y ahora bajo control del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El expresidente Elías Antonio Saca, fue condenado a 10 años de prisión, por malversar más de 300 millones del presupuesto estatal, junto a seis excolaboradores. Actualmente guarda prisión en el Centro Penal La Esperanza (Mariona).
El fiscal del caso aseveró que se cuenta con declaraciones de testigos y expertos financieros, que dan cuenta como fondos públicos fueron extraídos y transferidos a cuentas personales de exempleados de Casa Presidencial, por parte de la red integrada por Ana Ligia de Saca.
A diferencia de años anteriores, en los que la exprimera dama lucía demacrada cuando asistía a audiencias judiciales, en esta ocasión se le notó con un mejor aspecto. Desde el momento que inició el proceso en su contra, a finales de 2016, ha cumplido medidas sustitutivas al arresto.
Durante un receso en la audiencia, la exprimera dama evitó dar declaraciones a la prensa, mientras era custodiada por su séquito legal, el mismo que propuso a la Fiscalía un proceso abreviado en el que confesara sus delitos, y que ahora dijo que demostrará la inocencia de su representada.
De ser encontrados culpables, los implicados se enfrentarían a penas de entre cinco y 15 años de cárcel, sostuvo el representante de la Fiscalía.