El daño dejado por un esquema de lavado de dinero que abarcó casi 15 años e involucró 32 empresas, la mayoría de ellas de fachada, no puede quedar sin consecuencia para la Fiscalía General de la República. El desfalco al Estado que ocasionó el entramado fundado por José Adán Salzar Umaña –Chepe Diablo- y Juan Umaña Samayoa, ex alcalde de Metapán, debe ser restituido, consideró el Ministerio Público.
Durante los alegatos finales del juicio contra el núcleo familiar de Chepe Diablo y Juan Samayoa, la Fiscalía ha recalcado que, además de la pena carcelaria solicitada para los nueve acusados, se les debe establecer una responsabilidad civil por un poco más de $175 millones.
De la misma forma, la representación fiscal pidió al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, la disolución de todas las sociedades inscritas en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR), que tenían la finalidad de justificar el dinero que iba movido entre El Salvador y Panamá.
La pericia contable que la Fiscalía presentó en la vista pública que inició en octubre del año pasado, aclara que Chepe Diablo y su familia, no solo incurrieron en una ocasión en el blanqueo de capitales, sino que hicieron de este ilícito su forma de vida, entre los años 2003 y 2017. Por tal razón, detallaron que se trataba de una figura continuada del delito de lavado de dinero, que requiere una pena carcelaria mayor a los 15 años que estipula el Código Penal.
La Fiscalía segmentó en siete partes, la responsabilidad civil que requiere en el caso. De acuerdo con sus deducciones, la empresa Agroindustrias Gumarsal es la mayor responsable y debería restituir al Estado, más de $133 millones.
Según investigaciones, Gumarsal fue creada en 1997 por Chepe Diablo y Juan Samayoa. En 1999, la Fiscalía constata que Chepe Diablo vendió sus acciones en la empresa a Wilfredo Guerra, hijo de Juan Samayoa, y quien se encuentra prófugo de la justicia.
A lo largo de la vista pública, la Fiscalía ha descrito que Gumarsal fue el centro de operaciones de las 32 empresas creadas por Chepe Diablo para lavar dinero. Todas las oficinas de la red de empresas funcionaban en las instalaciones de Gumarsal, ubicadas en San Juan Opico, La Libertad, mencionaron los acusadores.
Previo a su debido allanamiento, tras la caída del clan Salazar-Umaña en abril de 2017, Gumarsal fue sujetas a un proceso de extinción de dominio ese mismo año y a la fecha son administradas por el gubernamental Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
Por otra parte, al exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa se le exigirá una responsabilidad civil global de más de $1,4 millones; mientras que su exesposa, Romelia Guerra Argueta, deberá restituir al $392 mil. En tanto, Chepe Diablo y sus familiares cercanos, deberán resarcir al Estado con $4,4 millones, de llegar a ser encontrados culpables de lavado de dinero.
Otras sociedades que la Fiscalía ha incorporado entre las que deberán responder civilmente al Estado son: Molinos San Juan, Graneles de Centroamérica e Indumasa; todas ellas controladas desde las instalaciones de Gumarsal.
Las indagaciones iniciales del caso mencionaron que entre 2005 y 2017, Gumarsal, hoy denominada Global Alimentos, realizó operaciones financieras por un billón de dólares. Esto se tradujo en un suntuoso estilo de vida para Salazar y sus familiares, al juzgar por las casas allanadas en residenciales como Quintas de Gratamira y Cumbres de la Esmeralda, en abril de 2017.
En aquel entonces también se intervino una serie de negocios como hoteles y gasolineras, que de acuerdo con las investigaciones del caso, en su mayoría se trataba de comercios de fachada para ocultar los ingresos no justificados.
Otro rastro desconcertante que alertó a la Fiscalía del esquema de lavado de Chepe Diablo, fue el patrón de adquisición de vehículos: Testigos sostienen que entre los años 2004 y 2017 compró nueve vehículos por $139,168 con dinero de origen oscuro.
También se indagó como el 4 de septiembre de 2004, Chepe Diablo compró un BMW por $25 mil y casi dos años más tarde lo revendió por $30 mil; en 2004 también compró un Porsche a $25 mil y tres años después lo revendió por $40 mil. Todo esto, la mayor parte del tiempo, adquirido con dinero en efectivo.
La FGR reveló durante la etapa de instrucción del caso, que tanto Chepe Diablo, como Juan Umaña Samayoa, a través de las empresas Gumarsal y Hotesa, obtuvieron un incremento patrimonial no justificado de más de $508 millones, y dejaron de pagar al fisco, alrededor de $138 millones, lo cual habría sido lavado en el sistema financiero nacional.
La pericia contable que presentó la Fiscalía durante la vista pública, brindó un mejor panorama de las actividades ilegítimas del clan y preciso que el blanqueo de capitales achacado a los nueve acusados, asciende a $132 millones.
Además de Chepe Diablo y Umaña Samayoa, en el juicio comparecen Sara Paz Martínez, Susana Nohemí Salazar y Romelia Guerra Argueta. Mientras que José Adán Salazar Martínez (hijo de Chepe Diablo) y Wilfredo Guerra Umaña, entre otros, son prófugos.
El proceso judicial contra la estructura de Chepe Diablo, un metapaneco de 72 años de edad, ha generado expectación internacional. Durante la instalación de la audiencia preliminar, que determinó el envío a juicio de los implicados, dos delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDC), estuvieron de observadores.
La Policía Nacional Civil (PNC) inició desde el año 2000 investigaciones por supuesto tráfico de drogas, pero las mismas fueron archivadas y no se sabe sí, al concluir el juicio contra Chepe Diablo y su estructura, vuelvan a retomarse.