Raúl Melara, fiscal general, recordó que los cargos de elección popular —de primer o segundo grado— son pasajeros y que los funcionarios que se bañaron en la corrupción mientras pudieron terminarán sentados en el banquillo de los acusados culpándose unos a otros.
En sus cuentas de redes sociales el funcionario publicó, a propósito del juicio contra Ana Ligia Mixco Sol de Saca, esposa del expresidente Elías Antonio Saca: “Así terminan los expresidentes, exalcaldes y exfuncionarios ladrones, culpándose entre ellos o acusando a la Fiscalía General de la República (FGR) de persecución política”.
Y agregó: “Un buen momento para recordar que los puestos son pasajeros”.
La Prensa Gráfica publicó que la próxima semana el expresidente Saca será llamado a declarar en el juicio contra su esposa que es acusada de lavado de dinero y activos.
El juicio está siendo celebrado en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
El exmandatario declarará como testigo de descargo porque los abogados defensores ofrecieron su testimonio a los jueces.
El 2 de febrero inició la etapa de juicio contra la exprimera dama que es acusada de lavar millones de dólares provenientes de la red de corrupción que encabezó su esposa que actualmente está preso.
El año pasado la Fiscalía había comenzado a negociar con los abogados defensores un juicio abreviado, es decir, la reducción de la condena por lavado de dinero a cambio de que ella aceptara reintegrar al Estado unos 17 millones 500 mil dólares.
Pero no hubo acuerdo.
La Fiscalía bautizó el caso como: “Destape a la corrupción II”. Según las investigaciones, ella y un grupo de publicistas, desviaron dinero público hacia cuentas privadas y contratos de publicidad, que finalmente desembocaban en las arcas del Grupo Radial Samix, propiedad de la familia Saca y ahora bajo control del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
El expresidente Saca, fue condenado a 10 años de prisión, por malversar más de 300 millones del presupuesto estatal, junto a seis excolaboradores. Actualmente guarda prisión en el Centro Penal La Esperanza (Mariona).
El fiscal del caso aseveró que se cuenta con declaraciones de testigos y expertos financieros, que dan cuenta como fondos públicos fueron extraídos y transferidos a cuentas personales de exempleados de Casa Presidencial, por parte de la red integrada por Ana Ligia de Saca.