El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció en un comunicado la aprobación de órdenes ejecutivas por parte del presidente Joe Biden, que entre otras cosas, vienen a elimina la política de “Tercer País Seguro”, implementada en El Salvador, Honduras y Guatemala, el denominado “Triángulo Norte Centroamericano”.
“Como se menciona en la orden, los Estados Unidos pretenden suspender y terminar los acuerdos bilaterales de cooperación de asilo con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Estados Unidos permanece comprometido con trabajar con los gobiernos de la región para abordar la inmigración irregular y garantizar un proceso migratorio seguro, ordenado y humano”, señala un pronunciamiento del secretario de Estado, Antony Blinken.
La política de tercer país seguro fue implementada durante la gestión de Donald Trump con los gobiernos del triángulo Norte. La misma consistía en enviar, en muchos casos, a migrantes originarios de esos mismos países, que habían solicitado asilo en Estados Unidos, principalmente a causa del clima de inseguridad en la región.
Aunque algunos gobiernos cuestionaron la capacidad que tenían de acoger migrantes con casos de asilo abiertos, estos accedieron a la medida. según un reporte del periódico digital El Faro, a finales de 2020, solo días antes del fin del mandato de Donald Trump, El Salvador empezó a recibir el primer grupo de migrantes bajo esta política.
Diversas voces, entre ellas las de varios congresistas federales en Estados Unidos, cuestionaron ampliamente la política, por considerar que esta daba pie a que la administración Trump pasara por alto los abusos de poder por parte de los presidentes del Triángulo Norte, a cambio que ellos acogieran migrantes que, a juicio de muchos, Trump no deseaba tener en suelo estadounidense.
En la orden ejecutiva firmada por Biden el martes, se señala que Estados Unidos buscará convertirse en un “aliado confiable” que trabajará con gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y el sector privado para establecer una estrategia comprensiva que aborde las causas de la migración en la región.
Entre las medidas que tomará Washington, según el boletín del Departamento de Estado, están la de “construir, fortalecer y expandir las capacidades de los sistemas de protección como asilos y reubicaciones”, destinadas a los países de Norte y Centroamérica, además de “incrementar las oportunidades para que la gente vulnerable encuentre protección cerca de sus hogares y emplee mecanismos legales de migración a los Estados Unidos”.
El pronunciamiento agrega que: “Estados Unidos está comprometido a incrementar e implementar todas las formas de alivio legales, disponibles y apropiadas para complementar la protección contemplada en el Sistema de Admisión de Refugiados. Esta revisión incluirá la coordinación entre los Departamentos de Estado y Seguridad Nacional para tomar los pasos para restablecer y mejorar el Programa de Menores Centroamericanos, y se procurará la unificación familiar a través de los programas humanitarios de Estados Unidos”.
Varios congresistas federales han instado en los últimos días al presidente Biden a redoblar los esfuerzos de vigilancia al combate a la corrupción en el Triángulo Norte, los cuales deben ir acompañados de medidas que ayuden a la recuperación de los impactos de los huracanes Eta y Iota. Para ello, los llamados apuntan a medidas de alivio migratorio a los migrantes de los tres países, como la creación de un nuevo TPS, que en el caso de los salvadoreños, podría abarcar a todos aquellos que ingresaron a suelo estadounidense, antes del 1 de enero de 2020.
Expertos señalan que los estragos dejados por los huracanes Eta y Iota, principalmente en Honduras, podrían generar una nueva oleada de migración hacia Estados Unidos, la cual se empieza a evidenciar con la multitudinaria caravana migrante que salió desde San Pedro Sula en enero.
Unos días después de su toma de posesión del pasado 20 de enero, el presidente Biden anunció un plan a cinco años que desarrollará en El Salvador, Guatemala y Honduras; en el cual se invertirán $5,000 millones, destinados a tratar de manera más integral las causas de la migración irregular hacia Estados Unidos, además de fortalecer las instituciones que combaten la corrupción en el estamento público.
Biden también afirmó que antes de los primeros 100 días de su gestión, enviaría al Congreso una propuesta de reforma migratoria integral, la que según expertos en política exterior, podría estar expuesta a un largo debate en el Senado, debido a la correlación 51-50 a favor de los demócratas en la actual legislatura.