La alcaldía de San Miguel fue denunciada por adjudicar dos licitaciones a una empresa representada por una persona que en el año 2019 fue condenada por falsedad ideológica en el Tribunal Primero de Sentencia del mismo municipio.
El aviso lo presentó la abogada Verónica Elizabeth Murcia Castillo en representación del ciudadano Napoleón Guillermo Espinoza León.
En la denuncia se señala que la comisión evaluadora, el síndico José Quintanilla Gómez y el concejal Rafael Antonio Argueta así como también otros funcionarios avalaron la adjudicación de dos licitaciones a un empresario que un año antes había sido condenado.
En el acta de sesión extraordinaria del concejo del 23 de octubre de 2020 los funcionarios acordaron cerrar el proceso de licitación pública 08/2020 denominado “construcción de cordón, cuneta y asfaltado calle principal y avenida número 2, de la colonia Esmeralda” y declarar ganadora a la empresa Desarrollo y Construcción, SA de CV (DECONS) por un monto de 157 mil 358.36 dólares.
En la sesión extraordinaria del 14 de noviembre de 2020 el concejo cerró el proceso 10/2020 denominado “construcción del puente en colonia San Carlos” por 107 mil 987.66 y declarar ganadora nuevamente a DECONS.
La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración del Estado (LACAP) establece que las instituciones deben crear una comisión evaluadora de ofertas y recomendar la contratación de la que más convenga a las arcas públicas.
En los dos casos, de acuerdo con el texto del aviso presentado a la Fiscalía General de la República (FGR), la comisión evaluadora recomendó la contratación de DECONS.
El problema, de acuerdo con el denunciante, es que el representante legal de DECONS es Félix Bladimir Álvarez Rubio, que el 8 de enero de 2019 fue condenado a tres años de cárcel por el delito de falsedad ideológica “por realizar maniobras maliciosas que se plasmaron en documentos relacionados a una sociedad identificada como Constructora Alvarenga, Álvarez Bonilla”.
Lo condenó, según el denunciante, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Según el texto, la desatención del concejo puede ser calificada como incumplimiento de deberes. “Debe verificarse quién es la persona responsable, por las adjudicaciones a las que se ha hecho referencia”, puede leerse en la denuncia.
Por eso Espinoza León pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el posible cometimiento de ese delito.