Seis años y tres meses pasó Rodrigo Chávez Palacios en prisión, por los delitos de homicidio simple y falsedad ideológica. El hijo de un veterano político salvadoreño, fue beneficiado en diciembre pasado con libertad anticipada, en una audiencia celebrada por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de La Libertad.
El Consejo Criminológico de la Zona Regional Occidental emitió en octubre pasado dictamen a la “reinserción social favorable por parte de Chávez Palacios” y consideró que presenta una “conducta normal y sin alteraciones”.
Esta descripción contrasta con la conmoción social que causó en 2014 el crimen de Chávez Palacios: En un ajuste de cuentas ordenado por narcotraficantes hondureños, él se encargó de descuartizar con lujo de barbarie, de Franklin Mendoza Ortiz, un trabajador de la Alcaldía de Santa Tecla, que estaba a punto de graduarse de la carrera de Arquitectura.
A base de engaños, Ortiz fue llevado el 30 de agosto de 2014 al apartamento de Chávez Palacios, que se ubicaba en la residencial Lomas de San Francisco, en Antiguo Cuscatlán. Ortiz le debía dinero al narcotráfico y según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los hondureños le disparó en la cabeza y huyó a su país.
Antes de su huída, le habría ordenado a Chávez Palacios que se deshiciera del cadáver, lo cual hizo de forma macabra: Lo cortó en pedazos e introdujo en bolsas plásticas y luego en tres maletas negras, que después las subió a una camioneta azul negro y las abandonó en diferentes puntos de San Salvador. Los hallazgos de estas bolsas y maletas, que empezaron a suscitarse el 2 de septiembre de 2014, alertaron inmediatamente a la Policía.
Tras una ardua búsqueda, Chávez Palacios fue capturado el 7 de septiembre de 2014 y se le decomisó, entre otras cosas, su teléfono celular en el que se dejan ver mensajes de texto que intercambia con Raúl Fajardo Vindel, un personero de los cárteles hondureños. En la conversación, Chávez Palacios relata cómo tuvo que “mandar a afilar el hacha y el machete” y que, a su juicio, fue una mejor idea hacer “picadito” el cadáver de Ortiz.
Vaivenes legales
Cuando Chávez Palacios fue capturado, inició un proceso legal de idas y venidas, posiblemente influidas por el reconocimiento con el que cuenta su padre. Los fiscales del caso le propusieron al juez realizar un proceso abreviado, luego que el acusado confesara su participación en el asesinato y desmembramiento de Mendoza Ortiz.
Al asumir los cargos que se le imputaban, la Fiscalía propuso cambiar el delito de homicidio agravado (que puede ser condenable hasta por 30 años de prisión) por homicidio simple. Pese a ser un caso mediático, la audiencia se realizó a espalda de los medios de comunicación el 16 de marzo de 2015, la cual culminó con una condena a once años de cárcel.
Luego de estar recluido en una casa de seguridad de la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil (PNC), Chávez Palacios fue enviado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Pero, a raíz de una resolución del consejo criminológico, fue enviado al presidio de Apanteos.
El 19 de noviembre de 2015, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla dejó en libertad a Chávez Palacios, luego que una Cámara de lo Penal ordenara la revisión de la sentencia ante un supuesto acuerdo entre los abogados defensores y los fiscales del caso. Empero, la sentencia quedó en firme y en octubre de 2016, el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria estableció que su condena culminaría el 4 de septiembre de 2025 y que podría optar por beneficios en el sistema judicial hasta 2020 que cumpla la media pena o en 2022 que cumpla tres cuartas partes de la misma.
Cuatro años más tarde, es ese mismo Juzgado que, en base al informe del Consejo Criminológico, ordenó la libertad del asesino, que recibió el mote de: “El Descuartizador de Lomas de San Francisco”. Según planteó dicho Consejo, Chávez Palacios se integró en prisión a programas de tratamiento psicológico, cursos de aprendizaje y participó como tutor en diferentes talleres y programas educativos, por lo que fue clasificado con “un nivel bajo de peligrosidad y un nivel medio de capacidad criminal y adaptación social”.
“Es factible la reinserción a la comunidad, ha mostrado disposición al cambio y además confesó el delito, mostró arrepentimiento, pidió perdón y canceló la responsabilidad civil exigida por el juzgado para la familia de la víctima, por $10,000”, destaca un boletín enviado por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria.
Por su parte, el Juzgado indicó que el beneficio de la libertad anticipada para Chávez Palacios, está sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, como cambiar de domicilio, no salir del país, tener un trabajo fijo y presentar constancia del mismo, recibir terapia psiquiátrica en el Hospital Nacional San Rafael y presentarse a firmar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria cada dos meses, entre otras. Si alguna regla es incumplida el beneficio le será revocado.
De momento, se desconoce si la FGR apelará lo dictaminado por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de La Libertad.