Agentes de la División de Servicios Privados de Seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron la tarde de este martes las armas de los fiscales que realizan un allanamiento en el Ministerio de Salud. Les pidieron las licencias y los desarmaron.
Tras el incidente entre fiscales y policías, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), German Arriaza, llegó a las instalaciones del ministerio y dos agentes policiales intentaron obstruir su ingreso.
Arriaza informó que en el allanamiento hay 85 fiscales trabajando en la búsqueda de documentos relacionados a supuestas irregularidades en las compras de insumos médicos por la emergencia del Covid-19.
Además, dijo que evaluarán si la PNC incurrió en algún delito al desarmar a los fiscales que se encuentran en el allanamiento.
«A pesar de cualquier obstáculo, la FGR continuará cumpliendo con lo que nos manda la Constitución de la República: defender los Intereses de la sociedad, los derechos de los ciudadanos y dirigir la investigación del delito», escribió en su Twitter el fiscal general, Raúl Melara.
“Cuidado, PNC, están incurriendo cada vez más en actuaciones ilegales. Ustedes están supeditados al direccionamiento de la FGR y obligados a cooperar con ella. Obstaculizar su labor de investigación, es contrario a su mandato”, escribió en su cuenta de Twitter la experta en seguridad, Jannette Aguilar.
La Fiscalía General allanó la tarde del lunes las instalaciones del ministerio de Salud en busca de pruebas sobre una supuesta corrupción en la compra de insumos para el combate de la pandemia de Covid-19.
German Arriaza, director de la Unidad Anticorrupción de la FGR, indicó que el objetivo de los allanamientos es incautar “toda la documentación que nos pueda permitir establecer las situaciones en las que se realizaron la adquisición de estos insumos”.
“En este momento estamos realizando un poco más de 20 procedimientos en distintas instituciones… pero quizá por el momento que estamos ejecutando este procedimiento no es conveniente citarla porque hay algunos que están en proceso de ingreso”, manifestó Arriaza.
La FGR presentó una solicitud de antejuicio contra Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC). La solicitud de desafuero es para procesarlo penalmente por presunto incumplimiento de deberes.
Unos días antes se había negado a acatar la orden de la Asamblea Legislativa de llevar por apremio, es decir a la fuerza, a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. También se negó a llevar por apremio a Francisco Alabí, ministro de Salud.
Ambos funcionarios se excusaron alegando que tenían otras actividades, con la venia de la PNC. El pasado 3 de octubre, Zelaya optó por asistir a un evento en Metapán y ayer el ministro de Salud estuvo en el cerco sanitario instalado en Chalchuapa.
Después de eso los diputados mandaron a la Fiscalía el aviso o certificado denunciando el presunto incumplimiento de deberes.
Casos de presunta corrupción
A mediados de junio salieron a luz una serie de irregularidades en el ministerio de Salud. Se trata de adjudicaciones de contratos por parte del gobierno al menos a funcionarios y familiares de servidores públicos.
El pasado 20 de abril, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele destituyó al presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge Aguilar, conocido como Koky Aguilar, por presunta corrupción.
La decisión de Bukele surgió a raíz de varias publicaciones que hicieran diversos medios de comunicación, en las que se vinculaba al entonces presidente del FONAES como el dueño de una empresa que vendió protectores faciales al Gobierno por 250 mil dólares.
Antes de convertirse en funcionario del Gobierno de Nayib Bukele, Aguilar era conocido como empresario del sector reciclaje. INSEMA fue la empresa encargada de recibir el material plástico recolectado en la campaña “Reto Recicla” por medio de la cual el Gobierno recolectó 4.5 millones de botellas plásticas.
De acuerdo con la investigación de Salud con Lupa, este plástico recolectado sirvió para la elaboración de las caretas protectoras que posteriormente adquirió el Gobierno.
Los protectores faciales fueron vendidos al Gobierno a un precio unitario de $2.50, según consta en la orden de compra del sitio COMPRASAL, con fecha 15 de abril.
En otro caso, El Diario de Hoy reveló que dos empleados del ahora ministro de Hacienda fundaron en octubre de 2019 una empresa que recientemente vendió al gobierno $750 mil en protectores faciales.
Los empleados del viceministro son Rogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez, quienes fundaron hace siete meses una empresa que le vendió al gobierno, el pasado 25 de abril, protectores faciales por 750 mil dólares.
El problema es que estos dos hombres son empleados, en otra empresa, del viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo.
Por otro lado, el banco estadounidense Wells Fargo emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por la transacción de $3.5 millones que el gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Salud, realizó el pasado mes de abril para comprar 3 millones de mascarillas a la empresa Lasca Design. El gobierno pagó el dinero, pero nunca recibió el producto. Los bancos estadounidenses emiten ROS y los envían a una oficina del Departamento del Tesoro que investiga si la transacción es un caso de lavado de dinero.
Según abogados y analistas políticos, durante el actual gobierno se está configurando una peligrosa tendencia hacia el autoritarismo. Muestra de ello es el irrespeto a la legalidad de parte de la Policía que por el momento más parece una policía política que es dirigida por un cuestionado exmiembro de la Fuerza Armada.