Después de tres días de trabajo, la Fiscalía General de la República (FGR) se retiró de las instalaciones del Ministerio de Salud y dio por finalizado el allanamiento para el registro de documentos relacionados a la compra de insumos por la pandemia de la Covid-19.
Así lo confirmó el ministro de salud, Francisco Alabí, quien además afirmó que como institución no están en contra del procedimiento sino de la forma en que los fiscales llegaron a realizar las inspecciones pues, según el ministro, “se incumplió la ley que establece la forma en que se realizan este tipo de intervenciones”.
En declaraciones anteriores, Alabí aseguró que la Fiscalía no tenía la orden judicial pertinente aún después de haber estado 36 horas en el lugar. Sin embargo, la FGR tenía en su poder una orden judicial otorgada por el Juzgado Décimo tercero de Paz de San Salvador, la cual le permitía estar un máximo de 72 horas dentro de la institución realizando las inspecciones.
El allanamiento del Ministerio de Salud forma parte del secuestro de documentos de varias instituciones del Estado, después de que Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) alertara a la FGR sobre posibles irregularidades en el manejo de la pandemia.
Ayer Raúl Melara, fiscal general, explicó que las investigaciones comenzaron después que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) recopiló indicios de irregularidades y los presentó a la Fiscalía.
Al Ministerio de Salud se suman los allanamientos en los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, así como también en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), entre otros.
En total son trece instituciones públicas a las que se suman empresas proveedoras del Estado.
El lunes pasado, cuando iniciaron las investigaciones, los fiscales que llegaron al Ministerio aseguraron que los procedimientos iniciaron después que fueron analizados los avisos y las denuncias que docenas de ciudadanos presentaron a la Fiscalía.
El martes en la noche agentes de la División de Servicios Privados de Seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron las armas de los fiscales que realizan un allanamiento en el Ministerio. Les pidieron las licencias y los desarmaron.
Tras el incidente entre fiscales y policías, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, German Arriaza, llegó a las instalaciones del ministerio y dos agentes policiales intentaron obstruir su ingreso.
Arriaza informó que en el allanamiento hay 85 fiscales trabajando en la búsqueda de documentos relacionados a supuestas irregularidades en las compras de insumos médicos por la emergencia del Covid-19.
Además, dijo que evaluarán si la PNC incurrió en algún delito al desarmar a los fiscales que se encuentran en el allanamiento.