La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de revocatoria para que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retroceda en la decisión que tomó la semana pasada de cerrar el juicio contra los militares presuntos autores intelectuales de la masacre de los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El recurso de revocatoria lo presentó en la Sala de lo Penal el fiscal Julio Larrama.
En la presentación el fiscal recordó que el juicio había reiniciado después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró ilegal la Ley de Amnistía.
Antes del cierre el Juzgado Tercero de Paz había ordenado anular el sobreseimiento definitivo que benefició en los años 90 a los militares.
Si en caso la Sala de lo Penal rechaza el recurso de revocatoria la Fiscalía valorará presentar una demanda de amparo en la Sala de lo Constitucional.
“Habría que esperar el resultado de la revocatoria y posteriormente valoraríamos los mecanismos legales”, dijo Larrama.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando de soldados de elite mató a los religiosos en el campus de la UCA.
El Juzgado ordenó en 2017 reabrir el proceso, pero diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias.
Los señalados son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano.
La Sala de lo Penal también ordenó «que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la masacre», esta decisión.
La reciente condena de 133 años contra el exviceministro de Seguridad Inocente Montano en España por el asesinato de los cincos religiosos originarios de ese país reavivó las discusiones en El Salvador de la urgencia de reactivar el proceso local, pero esta decisión cambia totalmente el panorama.
En el juicio que enfrentó en España Montano testificaron Lucía Cerna y el teniente retirado Yusshy Mendoza, entre otros.
Cerna es la única testigo ocular del asesinato, quien tuvo que salir de El Salvador tras los asesinatos, y Mendoza fue condenado en este país a 30 años de prisión en un juicio que para la Justicia española fue simulado.
Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. También murieron junto a ellos los salvadoreños Joaquín López (sacerdote), la empleada doméstica de la universidad Julia Elba y su hija Celina Mariceth Ramos.