La Fiscalía General de la República (FGR) presentó solicitud de antejuicio contra Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la información preliminar, la solicitud de desafuero es para procesarlo penalmente por presunto incumplimiento de deberes.
El 15 de octubre el Gobierno de Nayib Bukele nombró como viceministro de Seguridad Pública a Arriaza Chicas.
De acuerdo con el Diario Oficial de fecha 12 de octubre, el nombramiento de Arriaza Chicas será ad-honorem, o sea, sin goce de sueldo, mientras que el acuerdo 384 que confirma su nueva posición en el Gobierno, tiene fecha del 9 de octubre.
Unos días antes se había negado a acatar la orden de la Asamblea Legislativa de llevar por apremio, es decir a la fuerza, a Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda.
También se negó a llevar por apremio a Francisco Alabí, ministro de Salud.
Ambos funcionarios se excusaron alegando que tenían otras actividades, con la venia de la PNC. El pasado 3 de octubre, Zelaya optó por asistir a un evento en Metapán y ayer el ministro de Salud estuvo en el cerco sanitario instalado en Chalchuapa.
Después de eso los diputados mandaron a la Fiscalía el aviso o certificado denunciando el presunto incumplimiento de deberes.
A las acusaciones de la Asamblea se suma que Arriaza Chicas tampoco intervino cuando sindicalistas municipales de ASTRAM bloquearon el acceso al relleno sanitario de Nejapa, generando una crisis de insalubridad en San Salvador, esto pese a que la misma FGR emitió una orden funcional para desalojar a los manifestantes.
El 4 de octubre Raúl Melara, fiscal general, advirtió a Arriaza Chicas que el negarse a cumplir las direcciones funcionales de la Fiscalía era un delito: “hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la PNC”.
El 7 de octubre la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) publicó un comunicado señalando que las acciones de Arriaza Chicas podían considerarse desacato, incumplimiento de deberes y atentados a la Constitución y el Estado de derecho.
En el comunicado dijo que la falta de sumisión al orden jurídico por parte de los funcionarios, en este caso el director Arriaza Chicas, “pone bajo grave amenaza al sistema democrático, a la gobernabilidad y a la paz social”.
Además, el actuar del director policial “constituye un serio atentado contra el Estado de derecho y un precedente muy grave para la institucionalidad democrática”.
Unos minutos después de presentada la solicitud el presidente Bukele publicó en sus cuentas de redes sociales que el propósito es «desmantelar» el Plan Control Territorial.
«Sin maletines negros, están desesperados por obtener dinero de otras fuentes», criticó.