Las investigaciones en por lo menos tres ministerios, dos autónomas y otras instituciones que actualmente administra el Gobierno de Nayib Bukele comenzaron después que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) recopiló indicios de irregularidades y los presentó a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es algo bueno porque quiere decir que este convenio de cooperación está dando frutos”, dijo Raúl Melara, fiscal general, en la entrevista Frente a Frente de la TeleCorporación Salvadoreña (TCS).
En este momento la Fiscalía está realizando secuestro de documentos en los ministerios de Salud, Agricultura y Medio Ambiente, así como también en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), entre otros.
En total son trece instituciones públicas a las que se suman empresas proveedoras del Estado.
Melara también calificó de “obstaculización” la intervención de la PNC en el Ministerio de Salud para registrar a los fiscales del caso.
“La obediencia ciega no exime de responsabilidad a nadie”, advirtió.
El lunes pasado, cuando iniciaron las investigaciones, los fiscales que llegaron al Ministerio aseguraron que los procedimientos iniciaron después que fueron analizados los avisos y las denuncias que docenas de ciudadanos presentaron a la Fiscalía.
Ayer en la noche agentes de la División de Servicios Privados de Seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) retuvieron las armas de los fiscales que realizan un allanamiento en el Ministerio. Les pidieron las licencias y los desarmaron.
Tras el incidente entre fiscales y policías, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, German Arriaza, llegó a las instalaciones del ministerio y dos agentes policiales intentaron obstruir su ingreso.
Arriaza informó que en el allanamiento hay 85 fiscales trabajando en la búsqueda de documentos relacionados a supuestas irregularidades en las compras de insumos médicos por la emergencia del Covid-19.
Además, dijo que evaluarán si la PNC incurrió en algún delito al desarmar a los fiscales que se encuentran en el allanamiento.