Desde los tiempos en que era empleado de la alcaldía de San Salvador, Rolando Castro era conocido por manejar grupos de choque para amedrentar o desestabilizar a sus adversarios; o, en muchos casos, a los adversarios de sus patronos.
El mismo Castro se ufanaba de manejar pelotones de agitadores. Por ejemplo, el 22 de marzo del 2018, en una entrevista en Canal 21 con Ernesto López, el entonces jefe de Parques y Jardines de San Salvador instigó públicamente a un grupo de miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) para que protestaran frente a MOLSA.
Los manifestantes, dirigidos por Castro, bloquearon las calles del Bulevar del Ejército y crearon un caos vehicular. Las personas que transitaban por esas arterias se quejaron porque les tocó caminar para llegar a sus trabajos.
Fue por ello que muchos llegaron tarde a sus trabajos. Algunos reclamaron por el gasto de gasolina que significó la protesta. Pero, además, los agitadores se trasladaron a la entrada de MOLSA y amedrentaron a sus empleados. Les impidieron el paso. Los ofendieron. Incluso, hubo intentos de agresiones físicas.
Por estos hechos se inició un proceso judicial por el delito de desórdenes públicos agravados en contra de Rolando Castro.
Y es que el artículo 348 del Código Penal específica que ese delito se configura “cuando dos o más personas alteran el orden público obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas para los que por ellas circulen o impidiéndoles la libre circulación o tránsito o invadiendo instalaciones o edificios serán sancionados con prisión de dos a cuatro años”.
Además, el delito aplica cuando los hechos son cometidos o instigados por un funcionario o autoridad pública. En ese caso, además de la pena de prisión, se inhabilita o suspende del cargo público.
El origen del desorden
En abril de 2018, Fundación Transparencia envió al entonces alcalde de San Salvador Nayib Bukele y a su Concejo Municipal documentos que probarían la existencia de una amplia y profunda red de corrupción en la comuna capitalina.
Los documentos eran una serie de listas de presuntas plazas fantasmas en el interior de la alcaldía y que estarían siendo pagadas con dinero público, es decir, con los impuestos que la municipalidad le cobra a los capitalinos.
El cabecilla de esa red de corrupción era, según los documentos, el entonces jefe de Parques, Plazas y Zonas Verdes de la alcaldía de San Salvador, Rolando Castro.
Entre los documentos que Fundación Transparencia envió a la alcaldía había uno titulado “Nómina de personal que cobra salarios y horas extras sin trabajar en la alcaldía de San Salvador”. Abajo aparecían centenares de personas que estaban siendo pagadas por servicios que no realizaban. Había salarios desde 300 hasta más de 1,000 dólares.
¿Para qué sirven estas plazas fantasmas? Según explicó un analista político, muchas de estas personas eran mercenarios que estaban dispuestos a todo a cambio de un salario que era pagado con dinero del pueblo y que ellos no justificaban. Por ejemplo, una persona podía aparecer en alguna planilla como barrendero. Recibía un salario, pero no cumplía su función. Solo cobraba el día de pago. Su manera de retribuir ese favor era haciendo lo que los corruptores le pidieran.
Las listas de plazas fantasmas que llegaron a la Fundación Transparencia, y que fue remitida a la alcaldía de San Salvador en abril del 2018, estaban encabezadas por Rolando Castro, un personaje señalado de manejar personal a su antojo y que, incluso, movía a decenas de personas para que obstaculicen calles y generar desórdenes públicos.
De hecho, una de las denuncias que llegó a Fundación Transparencia es que Rolando Castro tenía a su servicio entre cuatro y seis guardaespaldas que estarían siendo pagados por la alcaldía de San Salvador. Las interrogantes que surgieron eran las siguientes: ¿Cómo un coordinador de áreas verdes de una alcaldía (cargo de segundo nivel) tiene a su disposición hasta seis guardaespaldas?
En los documentos que la Fundación le envió al alcalde y a su concejo había otro titulado “Listado de Personal con Jugosos Sueldos Haciendo Labor Política y de Represión”. El listado lo encabezaba Rolando Castro. Según los sellos y firmas, esa lista existía desde la administración de Norman Quijano, pero fue rubricada por Nayib Bukele en 2015, es decir, el año que tomó posesión del cargo.
El pasado 17 de julio, Muyshondt llamó “Robando Castro” al ministro de Trabajo y lo acusó de corrupción. También lo denunció por mantener una red de “plazas fantasmas y pago de horas extras no devengadas” en la alcaldía de San Salvador. Además, por el “uso de recursos municipales para beneficio personal y para el sindicato ASTRAM”.
El desorden más reciente
Desde finales de la semana pasada, agitadores de ASTRAM bloquearon el acceso al relleno sanitario de Nejapa como medida de protesta porque supuestamente la Alcaldía de San Salvador despidió injustificadamente a varios trabajadores y ha retenido cuotas laborales indebidamente.
El alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt manifestó el pasado lunes que la capital se encontraba “bajo un ataque terrorista” dirigido por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
“Desde hace una semana el señor Rolando Castro y el señor Mario Durán (ministro de Gobernación y candidato a alcalde capitalino por Nuevas Ideas), valiéndose de sus cargos ministeriales y usando recursos del Estado y usando esa malas prácticas que les caracterizan, ordenaron a sus violentos sindicalistas de ASTRAM a que bloquearan el acceso de los camiones y rastras de San Salvador”, explicó el funcionario.
Muyshondt añadió que las “turbas” amenazaron a muerte a los motoristas de camiones capitalinos y han “vandalizado a varias unidades de transporte y tuvieron secuestrada por tres días varias góndolas”, sin intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).
El pasado lunes, el Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordenó desalojar a los sindicalistas de ASTRAM que bloqueaban el relleno sanitario de Nejapa.
El juzgado también ordenó al director de la Policía Nacional Civil (PNC) colaborar con la alcaldía capitalina para evitar el bloqueo de camiones de la basura.
El juez advirtió al sindicato que, en caso de no acatar esta medida cautelar que se les ha impuesto, se iniciará un proceso penal en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de desobediencia de particulares.
“Juzgado Ambiental emite medida cautelar y ordena a ASTRAM desalojar. Las turbas enviadas por Mario Durán y Rolando Castro deben retirarse y PNC debe permitir la entrada y salida al relleno sanitario de desechos de San Salvador. Se hace justicia. ¡Gana El Salvador y nuestra gente!”, escribió el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, en su cuenta de Twitter.