El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia de San Salvador condenó a prisión este martes a 9 de los imputados y cuatro fueron absueltos de cargos en el caso de feminicidio agravado en perjuicio de la agente policial Carla Ayala. Algunos estaban siendo procesados por los delitos de comisión por omisión e incumplimiento de deberes.
El juez que conoció el caso determinó que los vinculados en este caso deberán pagar $14,000 a la familia de la agente Ayala en concepto de responsabilidad civil.
“Este día es satisfactorio, es ejemplificante, dado que se ha logrado condenar a 9 personas en este hecho donde involucran a miembros de la Policía Nacional Civil”, expresó uno de los fiscales del caso.
“Se ha establecido que seis elementos de la Policía Nacional Civil cometieron conductas penalmente relevantes: entre ellas incumplimiento de deberes, seis de ellos, particularmente el subjefe de esta área ha sido declarado responsable, condenado a 8 años de prisión, por el delito de incumplimiento, tomando en cuenta que esa responsabilidad que por ley tenían de hacer un adecuado abordaje de este evento no lo realizaron”, puntualizó el fiscal asignado al caso.
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Los sentenciados a prisión son: Pablo Antonio Estrada Villalobos, quien tenía el cargo de jefe dentro del GRP, sentenciado a 8 años de cárcel y deberá pagar $3,000 de responsabilidad civil a la familia de la agente Carla Ayala. Mientras que, Ovidio Antonio Pacheco Morales, condenado a 7 años pagará $ 3000, Wilfredo Deras Hernández, condenado a 7 años pagará $3000, Juan Antonio Linares Flores, condenado a 4 años, deberá pagar $1,500, Josué Antonio Pérez Pineda, sentenciado a 4 años,pagará $1,500, Alex Obdulio López Martínez, sentenciado a 4 años, pagará $1,500, Edgardo Alfonso Chavarría Castillo, sentenciado a 3 años,pagará $1000, José Atilio Jiménez Quintanilla, condenado a 6 meses, pagará $2000.
Mientras que, Joel Isaac Castillo Arévalo, hermano del agente prófugo Juan Josué Castillo Arévalo, fue exonerado de los cargos.
Además, fueron absueltos de cargos: Julio César Flores Castro, Salvador Enrique Chávez y Víctor David Castillo Campos.
El juicio contra los implicados en este caso inició el pasado 28 de septiembre de este año, solo el presunto autor principal Juan José Castillo Arévalo, alias “Samurai” se encuentra prófugo de la justicia.
El agente del GRP, Castillo Arévalo, quien es acusado de atacar y desaparecer a su compañera de trabajo Carla Ayala, fue incorporado el 8 de febrero de 2018 a la lista de los 100 más buscados a nivel nacional, informó en esa fecha la PNC.
Ante este hecho el entonces director de la Policía, Howard Cotto, informó que tenían una recompensa de $5,000 para la persona que ofreciera información sobre su paradero.
Este feminicidio se registró el 29 de diciembre de 2017 durante una fiesta navideña organizada por agentes policiales del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP).
El cadáver de la víctima, que era presunta pareja del aún prófugo Castillo Arévalo, fue encontrado en septiembre de 2018 enterrado en el cantón Los Hornos de San Francisco Javier, en Usulután.