Este lunes 12 de octubre el Ministerio de la Defensa impidió, por segunda vez consecutiva, entrar a sus instalaciones a Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, que tiene programada la inspección de archivos militares relacionados con la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada entre el 10 y 12 de diciembre de 1981 en Morazán.
El juez Guzmán llegó hoy a la Fuerza Aérea a intentar entrar para inspeccionar los archivos militares. Sin embargo, la entrada permaneció cerrada custodiada por dos policías que fotografiaron a los activistas de las oenegés de derechos humanos que llegaron a presenciar la diligencia judicial.
Cuando el juez llamó para pedir que le fueran abiertas las puertas salieron a su encuentro un militar y dos mujeres que aparentemente se desempeñan como asesoras legales.
El militar, identificado como capitán Ortiz, dijo al juez Guzmán que el presidente Nayib Bukele ya había entregado la información y que no podía permitir la entrada porque en la Fuerza Aérea hay información de la planificación del “día a día” sin especificar a qué se refería con eso.
Una de las abogadas, además, señaló que el acceso solo podía solicitarlo la Asamblea Legislativa desconociendo, con ese argumento, la autoridad judicial.
El juez Guzmán, al otro lado de la puerta, le dijo que los abogados están obligados a hacer valoraciones de acuerdo con los principios fundamentales de los derechos humanos. “Las valoraciones que ustedes hacen es conforme los intereses de la Fuerza Armada”, les comentó.
David Morales, exprocurador de Derechos Humanos, criticó que el Gobierno de Bukele sigue protegiendo a los criminales de guerra y desobedeciendo órdenes judiciales. Aclaró, además, que el argumento de la Fuerza Armada es falaz porque en esta diligencia no tiene nada que ver la Asamblea Legislativa.
“Es un argumento falso con el propósito de seguir protegiendo criminales de guerra”, criticó Morales.
El 21 de septiembre la Fuerza Armada también impidió al juez Guzmán entrar al Estado Mayor Conjunto. Ese día el coronel Carlos Vanegas le dijo que no podía permitir la entrada porque no tenía jurisdicción.
Dos días antes el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que frenara las inspecciones a seis unidades militares.
Merino envió al pleno de la CSJ un escrito “para solicitarle a los magistrados que frenen la inspección de archivos militares”, que iban a comenzar el día 21.
El 24 de septiembre Bukele aseguró en cadena nacional que la mayoría de los archivos de la masacre de El Mozote y lugares aledaños fueron destruidos pero que los pocos que hay los iba desclasificar para entregarlos no solo a los jueces sino a todos los ciudadanos, es decir, que pretendía divulgarlos públicamente.
También repitió que el juez no tiene ninguna jurisdicción sobre la Fuerza Armada, por tanto, no tenía potestad para entrar a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto ni revisar archivos.
Dijo que trató de evitar que el juez y su personal revisaran archivos actuales relacionados con la seguridad militar y por eso no lo dejó entrar.
Afirmó que si hubiera más archivos él mismo los entregaría porque puede encontrar documentos utilizables políticamente para atacar a sus enemigos políticos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y de algo que llamó “arenita”.