La Policía Nacional Civil (PNC) capturó durante el mes de septiembre a 806 presuntos delincuentes, de los cuales 413 eran pandilleros, en su mayoría, de la Mara Salvatrucha (MS-13).
De los más de 800 arrestados, 201 son de la MS-13, 104 pertenecen a la facción Revolucionarios de la pandilla Barrio 18, 105 al grupo denominado Sureños del Barrio 18, mientras que otros tres arrestados son de diferentes estructuras criminales.
Además, la PNC reporta la detención de 392 personas no pandilleras (el 48 % de los capturados) y un agente de la misma corporación policial.
En su mayoría, los ilícitos por los que se capturó a estos presuntos delincuentes son homicidios (150 detenciones), extorsión (134), delitos sexuales (104), delitos patrimoniales (121), otros (227) y los relacionados con drogas (69).
De estas 806 capturas, 498 se realizaron con orden administrativas, 113 fueron intimaciones (o sea personas ya detenidas a las que se les leen nuevos cargos), 30 con orden judicial y 165 flagrancias.
Sin embargo, pese a estas capturas, los procedimientos legales para que se castigue o se demuestre inocencia de los detenidos implica la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de los mismos jueces.
En ese sentido, Aldo Cáder, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dijo que uno de los problemas que enfrentan en esta época pospandemia es la mora judicial.
«En efecto lo que va a haber es una gran mora judicial cuando se reabran los tribunales. Imaginemos un caso laboral, puede haber una avalancha de demandas, (en) juzgados de familia una avalancha de demandas por violencia intrafamiliar suscitada estos días», dijo en declaraciones con una conferencia web, retomadas por La Prensa Gráfica.
Además, el esfuerzo entre autoridades también comprende la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), la parte acusadora, y las mismas pruebas o informes recabados por la PNC.