Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, intentó por cuarta vez inspeccionar guarniciones militares en busca de información relacionada con la masacre de El Mozote y lugares aledaños ocurrida entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981. La Fuerza Armada, sin embargo, se negó a dejarle entrar.
El juez llegó este miércoles a la Brigada de Artillería en San Juan Opico, La Libertad. Pero no pudo pasar de la entrada porque un soldado se negó a dejarle pasar. También se negó a decir quién le ordenó hacerlo. Tampoco quiso dar su nombre.
Guzmán también le recordó al militar que la Presidencia de la República ya había sido notificada de la diligencia.
El jueves 15 de octubre en la mañana el juez tiene programado inspeccionar el Archivo General de la Nación (AGN) ubicado en el Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador.
Ayer el juez intentó entrar a la Segunda Brigada Aérea de la Fuerza Aérea.
El 12 el juez llegó hoy a la Fuerza Aérea a intentar entrar para inspeccionar los archivos militares. Sin embargo, la entrada permaneció cerrada custodiada por dos policías que fotografiaron a los activistas de las oenegés de derechos humanos que llegaron a presenciar la diligencia judicial.
Cuando el juez llamó para pedir que le fueran abiertas las puertas salieron a su encuentro un militar y dos mujeres que aparentemente se desempeñan como asesoras legales.
El militar, identificado como capitán Ortiz, dijo al juez Guzmán que el presidente Nayib Bukele ya había entregado la información y que no podía permitir la entrada porque en la Fuerza Aérea hay información de la planificación del “día a día” sin especificar a qué se refería con eso.
Una de las abogadas, además, señaló que el acceso solo podía solicitarlo la Asamblea Legislativa desconociendo, con ese argumento, la autoridad judicial.
El ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, desvinculó al Ejército de la búsqueda de Justicia por la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y aseguró que el cuerpo armado no está obligado por ninguna legislación a acatar los fallos judiciales por este crimen de guerra, según un documento que envió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La misiva expone algunos puntos que el ministro de la Defensa y su superior, el presidente Bukele, no han abordado públicamente sobre la posición de los uniformados frente al proceso que enfrentan mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En el documento, emitido el 7 de septiembre y conocido por la Corte el día 10, Merino pide que se suspenda una diligencia de inspección de archivos militares ordenada por el juez de la causa, Jorge Guzmán, misma que el Ejército terminó bloqueando el 21 de septiembre.
Los jueces desecharon la solicitud y advirtieron a Merino que debía acatar la orden judicial, pero no fueron escuchados.