La Fiscalía General de la República (FGR) mandó una nota a la Policía Nacional Civil (PNC) en la que le ordena designar un investigador para indagar si los alcaldes y los empleados municipales que bloquearon las principales carreteras de acceso a San Salvador la mañana de esta martes 6 de octubre pudieron cometer el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación.
El direccionamiento funcional que publicó en sus cuentas de redes sociales Raúl Melara, fiscal general, está dirigido al jefe de la PNC de la delegación Cuscatlán.
Entre las diligencias que Blanca Ayala, fiscal del caso y el agente que sea designado, deben realizar pueden mencionarse: individualización de imputados, obtención de antecedentes penales de los señalados, establecimiento de la cronología de los hechos, entrevistas a víctimas, inspecciones en el lugar de los hechos, entre otros.
“La ley debe aplicarse igual para todos. También libramos direcciones funcionales a la PNC para que actuara en caso de cometimiento de delito por el cierre de arterias y los que pudiesen producirse”, publicó en sus cuentas de redes sociales el fiscal general.
Varias carreteras fueron bloqueadas por manifestantes que piden que el Gobierno pague a las alcaldías el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), el cual, según denuncias de los alcaldes, tiene unos menos cuatro meses de atraso.
Entre las arterias cerradas por manifestantes están la carretera Panamericana, a la altura de San Marcos, en el sentido hacia el monumento «Hermano, bienvenido a casa».
También hubo un cierre sobre el Bulevar del Ejército, a la altura de los centros comerciales, en donde empleados de desechos sólidos de la alcaldía de Soyapango bloquearon el paso con los camiones recolectores.
El 4 de octubre el fiscal publicó que había mandado una nota para ordenar el desalojo de los sindicalistas que, todavía hasta este martes, mantienen bloqueada la entrada principal al relleno sanitario de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) en Nejapa, San Salvador.
Con la fotografía del documento Melara escribió el mensaje: “no cumplirla hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la PNC”.
“Ante una probable obstaculización de hacer efectiva la disposición final de la basura recolectada, podría implicar no solo la lesión al bien jurídico de los circulantes sino también se pondrían en peligro la salud de los grupos poblacionales de interés”, puede leerse en el documento.
El direccionamiento está dirigido a Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC.
Los miembros de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM) mantienen bloqueado el acceso principal al relleno sanitario de Nejapa para evitar que los camiones recolectores de basura puedan entrar a descargar los desechos sólidos que recogieron en los últimos días en San Salvador.
