La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador señaló al ministro de la Defensa, René Merino Monroy, su obligación de permitir la inspección judicial de los archivos militares relacionada con el proceso penal por la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote en 1981 varios días antes de que el Ejército bloqueara la diligencia.
Este señalamiento consta en el acta de la sesión de la Corte Suprema en pleno del 10 de septiembre pasado, a la que Efe tuvo acceso este viernes.
El documento da cuenta de una «comunicación» del ministro Merino con la CSJ relacionada con las inspecciones en la que pedía a los magistrados dejar sin efecto la orden de la diligencia y en la que se cuestionó la competencia del juez de la causa, Jorge Guzmán.
Durante la discusión de la solicitud del jefe castrense, el magistrado Carlos Sánchez señaló que «los argumentos expresados serían incoherentes con el desarrollo normativo del país» y con el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que fue condenado el Estado salvadoreño en 2012.
El acta expone que este juez «no comparte la argumentación ofrecida en la nota» y señaló que «el Código Procesal Penal vigente para aquella época confería al funcionario judicial amplísimas facultades para investigar en instrucción estos delitos».
Sánchez propuso que «simplemente se les conteste en el sentido de que cumpla total y plenamente la orden que el juez le ha dado». La opinión de este juzgador fue acompañada por el magistrado Leonardo Ramírez Murcia.
La juez Doris Rivas indicó que las competencias del pleno de la CSJ «no permiten incidir en el proceso judicial», dado que «los controles judiciales son dispuestos en leyes de la materia.
Por otra parte, el magistrado Ovidio Bonilla expuso que la CSJ no tiene la competencia constitucional «para efectuar lo solicitado y que en las leyes actuales existen los controles a la resolución proveída por el funcionario».
El magistrado Roberto Calderón recomendó no señalar el deber de cumplir la resolución del juez instructor, dado que «son de obligatorio cumplimiento» y «si no se cumplen, cada funcionario judicial conoce del procedimiento de certificar» a la Fiscalía para que investigue.
El magistrado presidente de la CSJ, José Armando Pineda, según el acta, «concretó elementos de la respuesta a proporcionar» y la «respuesta conforme a las consideraciones» obtiene 12 votos.
Efe solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial copia de esta acta el pasado 18 de septiembre, dado que no se encontraba en el sitio de la CSJ, y este viernes se notificó su publicación.
El Ejército impidió al juez Guzmán comenzar al pasado 21 de septiembre las inspecciones a los archivos del Estado Mayor en San Salvador para la búsqueda de documentos relacionados con la masacre.
De acuerdo con una resolución de este juez, el Gobierno de Nayib Bukele y el ministro Monroy le notificaron que la Fuerza Armada mantendrá de forma «invariable» el bloqueo a la inspección judicial en el Estado Mayor.
Un grupo de organizaciones sociales pidió este viernes a la Fiscalía que investigue a Bukele por la posible comisión del delito de «encubrimiento» de la masacre, en la que militares ejecutaron a unos 1.000 campesinos en 1981.
«Creemos que el presidente está cometiendo el delito de encubrimiento a los responsables de la masacre de El Mozote y ocultación de documentos», dijo a la prensa David Morales, de la organización Cristosal y abogado de las víctimas en el proceso penal.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de élite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada, crimen por el que son procesados más de una docena de mandos castrenses retirados.