Economistas salvadoreños reaccionaron a las cifras preliminares que se dieron a conocer del Presupuesto General de la Nación, el cual contempla un incremento más de $1,000 millones respecto al proyecto del año en curso. A su juicio, este nuevo cálculo tiene ingresos estimados que no son acordes a la realidad económica del país y tiene cuestionables incrementos en gastos.
A criterio de la economista Tatiana Marroquín, en este presupuesto de $7,453.5 millones “llama la atención que hay un aumento entre el presupuesto del año pasado de $1,000 millones y que la diferencia entre los ingresos y gastos es de poco más de $1,500 millones, que serán contraídos a través de deuda”.
Un monto que pone en relieve la experta en temas económicos es el incremento en remuneraciones, pese al contexto de la economía afectada por la pandemia de coronavirus.
Los $1,000 millones de aumento del presupuesto contempla dirigir fondos “a distintos ramos, pero llama la atención que poco más de $200 millones van a remuneraciones del Estado, están creciendo más de un 10 %, casi el doble de lo que planea crecer la economía (4.8 % en 2021)”, como señala la economista en una plática con Grupo de Medios Uno.
El problema de este incremento Marroquín lo resume así: “Desde el punto de vista económico estamos creciendo las remuneraciones más allá de nuestra capacidad”.
Este presupuesto general de 2021 tendrá que resolver dos grandes problemas: la disminución de los ingresos como consecuencia del periodo de cinco meses de cuarentena por la propagación del coronavirus y la necesidad de incrementar el endeudamiento público para financiarlo.
A pesar de ello, las autoridades de Hacienda incrementaron los gastos en que incurrirá el Ejecutivo el próximo año. Parte de ello radica en que el Ministerio de este rubro espera que la recaudación de impuestos mejore, aunque los economistas ponen esa proyección en duda.
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“Lo que estamos viendo como economistas es que las proyecciones de ingresos, lo que el Estado planea tener, sean coherentes con lo que se piensa que va a crecer la economía… para que no digamos que tendremos más ingresos de los que vamos a tener”, menciona Marroquín.
Asimismo, advierte que “el endeudamiento también es una preocupación clave. Claro, mucho de este endeudamiento ha venido creciendo por la situación de la pandemia, pero la forma en que se está utilizando y que se planea utilizar es algo que tenemos que cuestionarnos no solo como economistas, sino como ciudadanos, porque al final quienes vamos a pagar la deuda somos la población”.
“Ingresos inflados”
Otro economista que advierte el riesgo de estimar más ingresos de los que en realidad tendrán es Rafael Lemus, quien en entrevista con Canal 33 sostuvo que “en vez de reflejarse el problema de ingresos, que se van a perder más de $900 millones de recaudación (según proyecciones a fin de año), de repente el otro año aparecen esos $900 millones recaudándose y mucho más”.
Lemus considera que la expectativa de ingresos tributarios para 2021 Hacienda la coloca en $5,169 millones mientras que en el año 2019, sin pandemia, se contemplaron $4,543 millones de recaudación.
“Entonces la tasa de contribución era de 17 % y hoy la llevan al 19.5 % del PIB (producto interno bruto), cuando se ha caído la economía”, sostiene el experto, que añade que “la economía se va a desplomar este año entre el 6.5 u 8.5 %, ¿y el otro año cuánto va a crecer?”.
No se contempla la caída económica
Con el PIB en picada desde mediados de este año, los economistas consideran que los funcionarios deben explicar de dónde sacaron las cifras para creer que habrá una buena recaudación de ingresos en 2021 y cuál será la apuesta para que la economía salvadoreña crezca.
De momento, las cifras muestran una realidad complicada: El Banco Central de Reserva (BCR) señaló una caída de -19.2 % respecto al PIB durante el segundo trimestre de año, los meses con más restricciones por la pandemia de coronavirus.
En ese periodo, sectores como la construcción se desplomaron en 38.5 %, comercio cayó un 36.7 %, la industria manufacturera cayó 33.2 %.
La caída durante dicho periodo fue incluso peor de lo que esperaban algunos economistas. Al respecto, Rafael Lemus dice que “los tanques de pensamiento estimábamos una caída de más o menos 15 % pero se ha acercado al 20 %. El desplome es mucho más grande y la recuperación tiene que tomar mucho más tiempo”.
Mientras que Marroquín complementa en que “es por eso que surgen mayores dudas de que el Gobierno esté proyectando crecer 4 %, no solo subir los 19 puntos, sino crecer 4 % más para el otro año. Son proyecciones que se tienen que analizar y explicar el Ejecutivo de dónde salió y cuáles son los supuestos de estas proyecciones”.
Por otro lado, el Banco Mundial pronostica una caída de la economía de -4.3 % al cierre de 2020, aunque es más optimista de cara al próximo año, señalando que habrá un crecimiento del 4.8 %.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) estima por su parte que unas 3,500 empresas pueden quebrar según sus estudios, además de una pérdida de 85,000 empleos hasta junio de este año, como efectos de la pandemia. Los expertos del área económica de esta gremial estiman que la economía no ha dejado de caer y que a fin de año esta quedará en un -12 o -13 % del PIB.
Mientras que, de acuerdo con las cifras que presenta Hacienda, citadas por Marroquín, “se planea que al final del año vamos a terminar con una caída del PIB del 7 % y en realidad eso nos dice que la economía, no solo agregada, sino la de las personas, se ha visto reducida. Lo que producimos, la capacidad de comprar también”.
Compromisos
De momento, los problemas financieros ya se perciben en el Ejecutivo. Además de las denuncias de médicos contratados bajo modalidad de servicios profesionales que piden el pago de salarios, el Gobierno ha condicionado la cancelación de pagos a empleados de la Asamblea Legislativa a la aprobación de más deuda.
“Nosotros entendemos que ustedes son trabajadores, igual que todos los trabajadores del Estado, pero, mientras los señores diputados no liberen los préstamos, yo sigo sin poder restituir los ingresos”, dijo esta semana el ministro Alejandro Zelaya a un grupo de empleados de ese órgano de Estado.
Zelaya también habló este jueves sobre un inconveniente más: la existencia de “obligaciones para el siguiente año (pagos) que las tendremos que trasladar, habrá proveedores que probablemente se quedarán para pagarlos en los primeros días de enero” de 2021 y no durante este año.
Con esta situación, la economista Tatiana Marroquín deja una reflexión: “Debe hacerse un diagnóstico de en qué situación estamos, qué fue lo que dañó por la gran cantidad de empleos que se ha perdido, los sectores más afectados por la pandemia y que de esa manera las intervenciones económicas sean dirigidas a estos, sobre todo a aquellos que dan más empleo y de mejor calidad para la población”.