El fiscal general de la República, Raúl Melara, reveló este lunes videos de la entrega de alimentos a sindicalistas de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), quienes participaban de una supuesta huelga de hambre.
Los manifestantes, afines al ministro de Trabajo Rolando Castro, denuncian que el alcalde capitalino Ernesto Muyshondt, les ha retenido cuotas de su fondo de pensiones (AFP) y del Seguro Social (ISSS), sin embargo, el fiscal publicó un video con la frase: «¿Huelga de hambre o show político?».
Como medida de protesta, los sindicalistas anunciaron una huelga de hambre frente a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque en los videos se observa la llegada de varias personas a entregar comida a los huelguistas.
«Desde el viernes, a las personas que realizan una protesta frente al edificio de la FGR, se les ha estado sirviendo tres tiempos de comida, ¿quién estará financiando esta supuesta huelga de hambre?», cuestionó el fiscal Melara, compartiendo un segundo video.
Los miembros de ASTRAM, además de realizar esta manifestación en la sede fiscal de Santa Elena, mantienen bloqueado el acceso al relleno sanitario de Nejapa, para evitar así que camiones recolectores de basura puedan entrar y descarguen los desechos sólidos que recogieron en los últimos días en San Salvador.
Los sindicalistas han hecho una cadena humana para evitar que los vehículos de la alcaldía entren al lugar. Cerca de ellos se mantienen policías y soldados que no los han desalojados.
Desde finales de la semana pasada, estos sindicalistas mantienen cercado el acceso al relleno como medida de protesta porque supuestamente la Alcaldía de San Salvador despidió injustificadamente a varios trabajadores y ha retenido cuotas laborales indebidamente.
Este fin de semana, Raúl Melara publicó en sus redes sociales el documento original en el que pidió a la Policía Nacional Civil (PNC) que desaloje a los sindicalistas que están bloqueando la entrada al relleno sanitario de Nejapa.
La nota, o direccionamiento funcional como es conocido administrativamente el documento, contiene la orden de la FGR de desalojar a los sindicalistas porque pueden estar incurriendo en el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación por el que, en un eventual proceso penal, pueden ser condenados a entre cuatro a 12 años de cárcel.
Al respecto, el alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt manifestó este lunes que «está claro que la ciudad capital se encuentra bajo un ataque terrorista».
«Desde hace una semana el señor Rolando Castro y el señor Mario Durán (ministro de Gobernación y candidato a alcalde capitalino por Nuevas Ideas), valiéndose de sus cargos ministeriales y usando recursos del Estado y usando esa malas prácticas que les caracterizan, ordenaron a sus violentos sindicalistas de ASTRAM a que bloquearan el acceso de los camiones y rastras de San Salvador», explicó el funcionario.
Muyshondt añadió que las «turbas» amenazaron a muerte a los motoristas de camiones capitalinos y han «vandalizado a varias unidades de transporte y tuvieron secuestrada por tres días varias góndolas», sin intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).