El exfiscal genera de la República, Luis Martínez, y el exdirector de la Defensa de Intereses de la Sociedad, Julio Alberto Arriaza González, trataron de desvirtuar las pruebas que evidencias favores al exempresario de la basura, Enrique Rais.
Durante el juicio, iniciado el pasado lunes, el exfuncionario indicó que las escuchas y la intervención de llamadas telefónicas que ha presentado la Fiscalía General de la República (FGR) como prueba en su contra, no tienen ninguna validez legal.
Martínez y Arriaza, quienes se encuentran encarcelados en el sector 9 del centro penal La Esperanza, señalaron a través de una audiencia virtual que los audios de las intervenciones telefónicas donde supuestamente se les escucha coordinar actos ilegales para procesar con pruebas falsas a los adversarios de Enrique Rais, caducaron el 17 de octubre de 2015. Por lo tanto, no tienen validez legal.
Arriaza señaló que las escuchas telefónicas debieron ser destruido seis meses después de haberse realizado.
Además, recordó que los diputados de la Asamblea Legislativa establecieron en diciembre de 2017 en una “interpretación auténtica” que esos audios debían haber sido destruidos a los seis meses de concluido el proceso para el cual fueron útil.
Por su parte, el exfiscal Luis Martínez leyó durante dos horas un escrito en el que afirmó que la prisión preventiva en su contra era una condena “por placer de venganza encubierta y odio oculto”.
La ilegalidad de los audios de las escuchas telefónica ha sido el principal argumento de los acusados en el caso conocido Rais-Martínez para desvirtuar el caso.
Las movidas
El 1 de noviembre de 2017, la entonces diputada Cristina López presentó una pieza de correspondencia mediante la cual solicitó una interpretación auténtica al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
En la pieza de correspondencia, firmada por la legisladora del PCN, se argumentó que actualmente ese artículo establece que las intervenciones telefónicas deben ser destruidas seis meses después de haberse efectuado; transcurrido ese tiempo, ya no pueden ser utilizadas para ninguna finalidad.
Enrique Rais y Luis Martínez fueron capturados en agosto de 2016 por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo.
La Fiscalía acusó a Enrique Rais de haber comprado funcionarios del Estado para atacar a sus enemigos: dos canadienses con quienes se disputa el relleno sanitario MIDES y otras personas como su exabogado Mario Calderón.
El exfiscal Luis Martínez fue uno de sus aliados. También, según la Fiscalía, compró a un juez y a empleados del Instituto de Medicina Legal.
Algunas de las pruebas presentadas por los fiscales son unos audios donde se escucha a Enrique Rais dar indicaciones a sus abogados, vía telefónica, para comprar a los funcionarios.
En la audiencia inicial, los abogados de Rais esgrimieron que las intervenciones habían sido realizadas hacía más de seis meses y que por lo tanto no tenían ninguna validez. Pero los fiscales refutaron esa posición.
Es por eso que Rais habría acudido a la diputada del PCN para que se realizara una interpretación auténtica de ese artículo de Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Con eso pretende desvanecer las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra.
En una entrevista con La Prensa Gráfica, Cristina López aseguró que esa pieza de correspondencia la presentó porque se lo pidió el secretario departamental del PCN, Ramón Kury, quien fue asesinado meses después.
FOTO: D1/ARCHIVO
El caso
A principios del mes de septiembre de 2014, se solicitó a Miguel Ángel García Argüello, juez Séptimo de Instrucción, autorización para intervenir teléfonos a través del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, e indagar sobre supuestas amenazas de muerte contra Luis Antonio Martínez, entonces fiscal general de la República.
Estas amenazas provendrían de gente allegada al exdiputado suplente del PCN, Wilber Rivera Monge, condenado recientemente por integrar una red de lavado de dinero ligada al narcotraficante Jorge Ulloa Sibrían. Lo que escucharían en las intervenciones vincularía al juez Noveno de Paz, Romeo Aurora Giammatei, con un hijo de Rivera Monge.
Sigfredo Campos Crespo, entonces director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, notificó de lo escuchado a Luis Martínez, para ampliar la intervención contra el juez Aurora Giammatei. A través de esa intervención, se constató que este juzgador convenía procesos judiciales para favorecer a terceros.
En ese sentido, fueron interceptadas varias comunicaciones telefónicas entre Giammatei y el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez, un empleado del empresario Enrique Rais, célebre por un largo litigio legal contra empresarios canadienses por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) y por haber sido arrestado en 2001 por defraudación a la economía pública.
Estos elementos constan en el requerimiento penal que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el jueves al juzgado Séptimo de Paz en contra de Luis Martínez, Enrique Rais y otros nueve imputados, por participar en una red que ofrecía beneficios legales a cambio de dádivas por parte del empresario.
La Fiscalía interceptó 27 conversaciones entre el juez Giammatei y Wilfredo Gutiérrez, en el que convenían la presentación de un caso en el que Enrique Rais acusaba de amenazas con agravantes a Claudia María Herrera Díaz, demanda que fue interpuesta el 26 de septiembre de 2014.
Menos de un mes después de interpuesta la demanda, el 20 de octubre del mismo año, empiezan las conversaciones vía telefónica entre Giammatei y Gutiérrez, en las que planteaban la presentación del caso ante el juzgado Noveno de Paz. Ese mismo día se decretaría detención administrativa contra Claudia Herrera y Amílcar Hernández Serrano.
En el convenio entre Giammatei y Gutiérrez, también involucraban a Mauricio Antonio Álvarez, juez Noveno de Paz suplente, el cual asumiría el requerimiento judicial contra Herrera y Serrano, mientras Giammatei tramitaba una incapacidad médica.
“Posiblemente mañana (21 de octubre) iban a cazar a la bruja”, dijo Gutiérrez a Giammatei sobre Claudia Herrera. En efecto, la persecución contra la mujer empezó ese día. En una comunicación registrada esa fecha, el abogado de Rais le promete al juez que “si no caía la bruja, igual le iban a reconocer lo que él estaba perdiendo”.
En los días siguientes, se interceptó como Giammatei se comunicaba con Gutiérrez para preguntar el día en que sería interpuesto el requerimiento contra Herrera y Serrano; a la vez pidió que “le agilizaran el trámite de la ayuda por estar disponible”. A continuación se reproduce el resto de esa conversación.
-Gutiérrez: “¿Cuánto quiere?”
-Giammatei: “Lo que sea su voluntad”
-Gutiérrez: “Lo tengo que tramitar con la secretaria, ya que el hombre (Enrique Rais) no está”.
El 22 de octubre es capturada Claudia Herrera y un día después se detiene a Amílcar Serrano. Las conversaciones continuaban entre Giammatei y Gutiérrez, ya que el requerimiento no había sido interpuesto. El 24 de octubre, el abogado de Rais explica al juez que no se había podido entregar el requerimiento porque “El Uno” (Luis Martínez) no había podido salir con el asunto, pero que estaban preparando un buen documento.
Ese mismo día, Gutiérrez se excusa de que no se haya podido mandar el requerimiento, a lo que Giammatei responde que su juez suplente se había quejado por “todo lo que había perdido. Gutiérrez trata de calmarlo y le comenta que “Mauricio no ha perdido nada porque tendrá su cuestión (bono)”.
El 25 de octubre se presenta el requerimiento formal contra Herrera y Serrano. Dos días más tarde, Gutiérrez y Giammatei se percatan que tienen intervenidos sus teléfonos, por lo que Giammatei le comentó que “iba a hablar con el amigo Luis (Martínez) para preguntarle por qué le tenía pinchado (intervenido) el teléfono, pero el abogado de Rais le recomendó que no lo hiciera abiertamente.
El 5 de marzo de 2015, Gutiérrez ya había cambiado su teléfono y se contacta con Enrique Rais para coordinar el armado de un peritaje psicológico con el que reforzarían la acusación contra Herrera y Serrano. La idea era parecer que Rais había sufrido daños psicológicos a raíz de las amenazas con agravantes.
Gutiérrez le recuerda a Rais que se le había dado previamente una dosis (soborno) al psicólogo. El empresario lo recuerda, pero olvidó de cuantos “miligramos (miles de dólares) era la dosis. Gutiérrez le recuerda que eran cinco mil dólares.
Los peritajes médicos serían seis dibujos, los cuales serían hechos por otra persona denominada “Gracia”. Tres dibujos serían de Enrique Rais y otros tres de Hugo Blanco Rais, en los que evocarían tristeza a partir de las supuestas amenazas. El 9 de marzo los peritajes estaban listos y el 11 de marzo se presenta el requerimiento de acusación, ya en fase de Instrucción, contra Herrera, Serrano y otros dos imputados más por amenazas con agravantes.
Sigfredo Campos Crespo, jefe del Centro de Intervenciones Telefónicas, tuvo conocimiento de estas conversaciones, pero según órdenes del fiscal Luis Martínez, no debía trasladarse esta información a ninguna unidad fiscal.