El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana ordenó trabajos de utilidad pública para Mario Edgar G., de 35 años de edad, quien estaba siendo procesado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica, en perjuicio de su hijo de 10 años.
La jueza que conoció el caso ordenó una pena de un año de prisión y la inhabilitación absoluta de la pérdida de los derechos de ciudadano por igual período. Esta condena fue reemplazada por 48 jornadas semanales de ocho horas cada una de trabajo de utilidad pública.
Esta disposición será supervisada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de Santa Ana.
Además, decretó que el imputado cumpla con un curso de paternidad y maternidad responsable, que será realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) o las instituciones públicas o privadas que ésta determine.
Con respecto a la responsabilidad civil, fue absuelto, ya que la Fiscalía solicitó la aplicación del procedimiento abreviado y señaló que el imputado cancelaría $630 que corresponden a 9 cuotas no pagadas.
El imputado rindió su declaración e hizo entrega a la madre del niño el dinero que adeudaba en concepto de cuotas alimenticias, por lo que fue absuelto.
De acuerdo con el Ministerio Público, el 21 de octubre de 2019 en la sede de la Fiscalía recibieron una certificación del proceso de divorcio por separación de cónyuges, donde se le impuso al imputado la cantidad de $70 mensuales a favor de su hijo.
Pero la mamá del menor aseguró que dicha cuota no fue dada por el padre durante nueve meses, ascendiendo la deuda a la cantidad de $630.