El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Manuel Escalante, pidió este lunes a la Fiscalía que investigue la supuesta desaparición o destrucción de archivos militares relacionados con crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil (1980-1992).
Detalló que la presentación del «aviso penal», ante una sede del Ministerio Público, se da a raíz de las declaraciones dadas por el presidente Nayib Bukele la noche del jueves en una cadena nacional de radio y televisión sobre la destrucción de archivos vinculados con la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981).
«Estos eventos que el presidente manifestó son suficientes para configurar, al menos, dos tipos de delitos cometidos por la Fuerza Armada o con participación de ella», señaló el letrado en una rueda de prensa.
Estos delitos serían los de supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos, y actos arbitrarios, este último porque «no se realizó el procedimiento legal» que permite purgar archivos oficiales.
«Vemos la necesidad de venir a informar a la Fiscalía, porque estos delitos estaría obstruyendo a la Justicia en cuanto a este crimen de lesa humanidad», acotó.
Escalante agregó que un tercer delito que pidió a la Fiscalía que investigue es el de omisión de aviso, que se pudo cometer por parte de funcionarios gubernamentales al no alertar al Ministerio Público por la desaparición de los documentos.
«No estamos acusando a nadie. Es decir, no estamos acusando al presidente de la República. Lo que estamos haciendo es solicitándole al fiscal general que comience una investigación para identificar quiénes son los responsables», acotó Escalante.
Agregó que «aquí puede haber responsabilidades de muchas personas en muchos períodos presidenciales».
«La mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años», sostuvo el jefe de Estado durante una cadena nacional de medios en la que presentó cinco cajas pequeñas con documentos supuestamente relacionados con la matanza y que tenían etiquetas con los números de años recientes.
Estos, afirmó el mandatario, serán entregados a la Fiscalía y al juez del proceso de El Mozote.
Bukele aprovechó su cadena para defender el bloqueo que el Ejército hizo el 21 de septiembre a una diligencia judicial de búsqueda de archivos por el supuesto peligro de que se dieran a conocer planes secretos actuales.
El juez instructor del proceso de El Mozote, Jorge Guzmán, a quien el Ejército impidió realizar la inspección de los archivos militares, emitió el pasado 28 de agosto una medida cautelar para proteger los documentos.
El titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera señaló que los funcionarios que «tienen en sus manos la administración y custodia de estos archivos militares» no podrían moverlos, ocultarlos ni sustraerlos.
Para Escalante, la movilización de los archivos para supuestamente «facilitar el trabajo» al juez no tiene «en principio mayor aspecto negativo».
No obstante, apuntó que esta entrega «no puede obstaculizar la inspección que debe realizar el juez», dado que en la búsqueda de los archivos «no solamente importa lo que se encuentra, sino lo que no se encuentra y cómo está estructurado el archivo».
Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), dijo a Efe que sobre los documentos de El Mozote «se configuran varias acciones» que el fiscal general, Raúl Melara, debe investigar para determinar «si hay algún incumplimiento del marco legal».
Sostuvo que «va más allá» de la medida cautelar», dado que la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley del Archivo General tienen disposiciones sobre la protección de información.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades elites del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.
Por esta matanza son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, los primeros de este tipo imputados en el país tras la guerra civil.