José Apolonio Tobar Serrano, procurador de Derechos Humanos, criticó la orden de la cúpula de la Fuerza Armada de impedir a Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, el ingreso al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para iniciar las inspecciones de los archivos de la masacre de El Mozote y lugares aledaños ocurrida en los primeros años de la Guerra Civil.
“Lamentable, triste, vergonzoso, día oscuro”, calificó la decisión de los militares. Recordó, además, que precisamente en estos días Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública, fue condenado a 133 años de cárcel en la Audiencia Nacional de España por participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) perpetrada el 16 de noviembre de 1989.
“Ese proceso debe servir de ejemplo para El Salvador porque no se puede continuar en la impunidad”, señaló en conferencia de prensa brindada en los pasillos de la Asamblea Legislativa esta mañana.
También recordó que desde hace varias semanas la cúpula militar venía desarrollando estrategias para frenar la diligencia judicial liderada por el juez Guzmán.
Se quejó, además, que los militares están irrespetando a las víctimas diciendo que desconocían que este lunes el juez había programado la diligencia.
“¿¡Qué es eso!? Las familias víctimas y las víctimas merecen respeto y por eso los archivos militares deben abrirse, se debe conocer la verdad de los diferentes hechos ocurridos durante el conflicto”, dijo.
De acuerdo con un reporte de la agencia Efe, un mando militar le dijo al juez que no estaban enterados de la diligencia y que permitir la inspección pondría en peligro archivos relacionados con la seguridad nacional.
«Nos vamos a retirar y al menos hemos intentado cumplir con la ley», dijo Guzmán antes de largarse de la entrada al Estado Mayor Conjunto según puede escucharse en un video que publicó Jessica Ávalos, de Revista Factum.
Guzmán es el primer juez salvadoreño que ha ordenado la búsqueda de archivos relacionados con crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Ejército durante la guerra civil (1980-1992) ante la constante negación de su existencia.
Los delitos
Para David Morales, preguntado por la agencia Efe, la decisión de frenar la diligencia es «responsabilidad» de Bukele, su ministro de la Defensa, René Merino Monroy, y «su alto mando».
«Es una posición de protección a criminales de guerra, (…) una violación a los derechos humanos y un desprecio por las víctimas» que «acarrea eventuales responsabilidades penales», dijo Morales a la prensa tras conocer el bloqueo contra el juez.
Destacó que entre los delitos que se pudieron cometer se encuentran, al menos, el de actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y desobediencia a una orden judicial.
«La autoridad judicial se presentó y ha sido bloqueada, y no puede ser más que por órdenes del más alto nivel. Es lamentable», indicó.
El juzgador se trasladó hasta las instalaciones del Consejo Nacional de la Judicatura para levantar un acta de lo sucedido, misma que puede ser enviada a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si se cometió algún delito.
Al salir de este lugar Guzmán indicó a Efe que la información sobre los hechos registrados se daría mediante la oficina de comunicaciones del órgano Judicial.