La Fuerza Armada negó este lunes acceso a los archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote (Morazán), en la que oficialmente fueron asesinadas por el Ejército 986 personas, en su mayoría menores de edad, en un crimen de lesa humanidad perpetrado en 1981.
Esa negativa se la hizo saber el coronel Carlos Vanegas al juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, quien llegó acompañado del acusador particular y exprocurador de Derechos Humanos, David Morales; la procuradora adjunta de Derechos Civiles, Sylvia Hidalgo; representantes de la Fiscalía General de la República, además de los medios de comunicación presentes.
El juez de Gotera no pudo entrar a realizar las diligencias y revisar la documentación oficial relacionada a la masacre perpetrada por el Batallón Atlacatl en 1981 y por la que el Ministerio de la Defensa ya había intentado obstruir las inspecciones de archivos militares, como se conoció el 19 de septiembre pasado.
«Nosotros nos vamos a retirar, al menos hemos intentado cumplir con la ley», dijo el juez Guzmán, antes de despedirse con un saludo de codo con el coronel Vanegas, quien detrás de la barricada le indicó que no se le permitiría el acceso a dicha diligencia.
De acuerdo con la procuradora adjunta de Derechos Civiles de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Sylvia Hidalgo, las autoridades judiciales tendrán hasta el 13 de noviembre para realizar las inspecciones de archivos en las sedes militares, donde esperan recabar información sobre la masacre que consta en el Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. Sin embargo, hoy no fue posible.
«Es una programación del señor juez y dependerá de los peritos si habrá que prolongar el tiempo de las inspecciones. Son alrededor de seis instalaciones (las que se revisarán). Está el archivo central del Estado Mayor Conjunto, Fuerza Aérea… Hay una resolución del Juzgado del 28 de agosto en la que da la calendarización de los procesos. Todas las partes están notificadas», explicó Hidalgo.
El juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ante el coronel Carlos Vanegas, que le negó el acceso al Estado Mayor Conjunto.
El juez Guzmán no se pronunció ante la negativa de la Fuerza Armada de permitirle revisar los documentos militares, aunque el abogado y miembro de la organización de derechos humanos Cristosal, David Morales, sí dio su postura.
«Pese al discurso que dio el presidente de la República, que desclasificaría los documentos de la A a la Z, en noviembre de 2019, envió una respuesta al tribunal idéntica a la que enviaron los gobiernos anteriores respecto a estos documentos (archivos militares) que se iban a inspeccionar, que no se localizaban», lamentó el también exprocurador de la PDDH.
Añadió que existe «un patrón de negación, un patrón de ocultamiento, pero que lo siguió haciendo el actual gobierno y ahora abiertamente, siendo las inspecciones en el propio Estado Mayor Conjunto, está en las mismas instalaciones del Ministerio de la Defensa, donde también debía inspeccionarse un archivo en ese ministerio; estamos hablando de un lugar donde está el despacho del propio ministro de la Defensa, el contralmirante (Francis) Merino Monroy».
«Por lo tanto el bloqueo a un juez, el desobeder una orden judicial, impedir una diligencia judicial en las propias puertas del Estado Mayor y del Ministerio de Defensa no puede provenir más que de una orden del más alto nivel», manifestó Morales.
Por su lado, Wilfredo Medrano, de la Tutela Legal María Julia Hernández, y también acusador particular, dijo que «hay una grave contradicción entre las promesas que hizo el presidente hacia las víctimas para conocer la verdad y luego hay una contraorden al ministro de la Defensa para hacer este bloqueo. De seguir esta situación, en nada se pueden diferenciar de los anteriores gobiernos, que siguen negando la existencia de información de carácter militar».
A juicio de ambos acusadores, «se está incurriendo en varios delitos, porque no se puede jugar con la justicia, las resoluciones judiciales se cumplen, se deben ejecutar y en este caso se está vulnerando de nuevo el Estado de Derecho… Es una burla para el señor juez», como señaló Medrano.
Mientras que Morales señaló que «vamos a solicitar que el señor juez levante un acta formal de la negativa y la certifique a la Fiscalía para los eventuales delitos que se pudieron haber cometido, no solo por el militar de turno en el retén, o su superior inmediato, sino hasta el más alto nivel, que son los que deciden bloquear una orden judicial».
No es la primera vez
El 19 de septiembre pasado, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que frenara las inspecciones a seis unidades militares ordenadas por un juzgado de instrucción en el proceso por la masacre de El Mozote, según una publicación de Revista Factum.
De acuerdo con la revista, Merino envió al pleno de la CSJ un escrito “para solicitarle a los magistrados que frenen la inspección de archivos militares”, cuyo comienzo se programó precisamente para este lunes 21 de septiembre.
“El titular de Defensa alegó ante los 15 magistrados de la Corte que, como lo han sostenido los defensores de los acusados por la masacre y la Presidencia de la República, la apertura de los archivos militares de hace cuatro décadas podría poner en riesgo la seguridad nacional”, reseña el medio.
Añadió que los jueces del Supremo desecharon la solicitud del jefe castrense, según las fuentes que el medio consultó.
Efe constató en documentos públicos de la CSJ que el pleno de este órgano de Estado recibió una “comunicación del ministro de la Defensa Nacional”.
El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
Las víctimas de la masacre
El Gobierno de El Salvador cifró en diciembre de 2017 la cifra oficial de víctimas en 986. Ese fue el número de personas ejecutadas por el Ejército en la masacre de El Mozote, en 1981, de las que más de la mitad fueron niños y adolescentes.
El secretario técnico de la Presidencia en ese momento, Roberto Lorenzana, explicó a los pobladores de El Mozote (Morazán) y otros sitios aledaños, que conmemoraban el 36 aniversario de este crimen de lesa humanidad, que el dato se desprendía de un registro iniciado en 2016.
Se trató del “Registro Oficial y Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños”, cuya creación fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en una sentencia contra el Estado salvadoreño en 2012.
Lorenzana señaló, de acuerdo con una publicación de la agencia EFE, que el registro contiene los nombres de 1,698 víctimas. De esta cifra se desprenden las 986 personas ejecutadas en El Mozote, de las que 552 fueron niños y 434 adultos, mientras que el resto son sobrevivientes, familiares de víctimas asesinadas y desplazados por los operativos del Ejército.
Exhumaciones en el lugar de la masacre de El Mozote. FOTO: D1/EFE/RODRIGO SURA
La sentencia de la CorteIDH dio cuenta de los nombres de 440 civiles ejecutados durante la matanza, que como otras masacres formó parte de la estrategia contrainsurgente de “tierra arrasada” del Ejército durante la guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992.
La CorteIDH señaló también que tenía “elementos para concluir que el número de víctimas es mucho mayor, aún cuando no consta prueba suficiente para su debida identificación”, dado que los registros estimaron en al menos 1,061 los civiles asesinados.
El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU en El Salvador de 1993 sobre la guerra civil estableció que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del elite Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.
Desaparición de menores
Tres testigos aseguraron en enero de este año, ante un juzgado de instrucción que lleva la causa penal por la masacre, que el Ejército de El Salvador no solo asesinó, sino que se llevó durante el operativo militar a unos 15 niños de la zona.
Así lo señaló la organización humanitaria Tutela Legal “María Julia Hernández” tras una audiencia por la desaparición forzada de dos hermanas de 14 y 7 años de edad durante la masacre.
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, cercano al lugar de la matanza, recibió el 18 de enero pasado los testimonios de Arcadia Ramírez Portillo, Reyna Portillo y Herminia Argueta Quevedo.
En ese sentido, la CorteIDH condenó en el 2011 al Estado salvadoreño por la desaparición de las niñas Ana Julia (14) y Carmelina Mejía (7) Ramírez en un proceso impulsado por la organización Pro-Búsqueda.
En julio de 2019, el juzgado de San Francisco Gotera acumuló este proceso a la causa penal que enfrentan 16 mandos militares retirados por la masacre de El Mozote por diversos delitos de lesa humanidad.
El registro oficial estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1,725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.