El Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador ordenó embargar $227 millones 677 mil en bienes de la Sociedad Astaldi, esto a petición de la parte querellante representada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL)
Además, la jueza ordenó decretar el embargo preventivo sobre los bienes de los imputados José Leopoldo Samour y Mario Pieragostini Maiocchi, una vez la parte interesa indague con exactitud los bienes sobre los cuales recaerá el embargo.
En su resolución, la jueza señala que es procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a Italia para que se materialice el embargo preventivo en bienes propios de ASTALDI, siendo su presidente Paolo Astaldi en ese país.
Según la juzgadora, la medida cautelar emitida por su juzgado está basada en los lineamientos establecidos en la Convención de la Nacional Unidad contra La Corrupción, en el cual El Salvador firmo el 10 de diciembre de 2003 y la ratificó en junio de 2004.
El caso se remonta al 26 de octubre del 2008, cuando el entonces presidente Elías Antonio Saca avaló que la autónoma CEL suscribiera un contrato con la empresa Italiana ASTALDI para la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral. Y así se hizo.
El acuerdo fue que el gobierno pagaría a los italianos $219 millones 900 mil para la construcción de la presa hidroeléctrica.
Además, en el contrató se estableció que el gobierno no desembolsaría ni un dólar más en caso que los costos de construcción de la obra se incrementaran.
Los italianos comenzaron el proyecto; pero, meses después, abandonaron la obra. Únicamente dejaron un enorme agujero.
El gobierno amenazó con demandar a ASTALDI por incumplimiento del contrato. No solo había retrasos en la obra, sino que había sido abandonada. Eso era motivo suficiente para ganar el caso y hacer efectivas las multas contractuales.
La empresa italiana, representada por Mario Pieragostini Maiocchi, alegó la existencia de situaciones geológicas que habían afectado la ejecución de la obra. Por ejemplo, dijo que había un “movimiento de la margen derecha del cauce del río”. Por eso pedían una modificación presupuestal de la obra.
Mauricio Funes asumió la presidencia de la República en junio del 2009. Un año después, el 22 de agosto de 2010, autorizó para que CEL contratara a la firma legal internacional CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE, S.C., previendo un posible litigio con ASTALDI.
Esta firma, experta en arbitrajes internacionales, recomendó hacer un peritaje técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas por ASTALDI.
La autónoma CEL también contrató a la empresa NOVOTEC para realizar un peritaje en el sitio de la obra. Esta empresa emitió un dictamen en el que se sustentaban las argumentaciones de CEL ante un posible arbitraje.
Pero, de pronto, el presidente Mauricio Funes pidió que el caso no se llevara a instancias internacionales, que se evitara el arbitraje internacional y que se buscara un arreglo directo con ASTALDI.
Por esos días, Mauricio Funes nombró como presidente de la CEL a José Leopoldo Samour y este ejecutó la orden de llegar a un arreglo directo con ASTALDI. En ese oscuro acuerdo también participó Miguel Menéndez, mano derecha del entonces presidente Funes.
Finalmente, en julio de 2012, el gobierno pagó el costo de la obra ejecutada hasta ese momento. Pero no solo eso. También pagó una suma adicional de $45 millones 244,418.00 sin existir base legal.
Pacto oscuro
En junio de 2012, un mes antes que pactaran el acuerdo con los representantes de ASTALDI, Miguel Menéndez, Leopoldo Samour y otras personas más viajaron a Panamá para adquirir una sociedad denominada Headford Business y abrir una cuenta bancaria en el FPB BANK INC a nombre de esa misma sociedad.
Fue en esa cuenta que, según la Fiscalía, depositaron las dádivas que entregó ASTALDI a Mauricio Funes y Miguel Menéndez por el acuerdo oscuro en el que se le entregó a los italianos más de 45 millones de dólares.
Para justificar los depósitos millonarios que ASTALDI hacía a la sociedad creada por Miguel Menéndez, se elaboraron unos contratos falsos y se simularon pagos por servicios.
ASTALDI realizó esas operaciones a través de dos sociedades denominadas RAILWAY INTERNATIONAL, TRAIDING CORP. Y RIFT INTERNATIONAL, S.A. Los contratos fueron presentados al FPB BANK de Panamá para justificar el depósito de los fondos.
En total, la empresa ASTALDI trasladó 3 millones 500 mil dólares a las empresas fachadas de Miguel Menéndez. De acuerdo con la Fiscalía, buena parte de ese dinero fue destinado para la creación de las sociedades LATIN AMERICA SPAS, propiedad de Mauricio Funes y su compañera de vida Mitchell Guzmán Sigüenza.
Con esos fondos también se adquirieron dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la colonia Maquilishuat, San Salvador, donde funcionaba el SPA, y otro en Sierra de Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, destinado como residencia de la señora Guzmán Sigüenza.
“José Efraín Quinteros trabajaba en un despacho que llevó la contabilidad de LATIN AMÉRICA SPA y esta persona era la encargada de nombrar a los testaferros para ocultar a los verdaderos propietarios de los inmuebles y los fondos ilícitos”, dice un extracto del requerimiento presentado en tribunales.
Por todos estos hechos, la Fiscalía les atribuye el delito de peculado a Mauricio Funes, Miguel Menéndez y Leopoldo Samour. Al representante de ASTALDI, Mario Pieragostini, se le acusa por el delito de cohecho activo a Mitchell Guzmán y Efraín Quinteros se les acusa por el delito de lavado de dinero y activos.