El juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, emitió una resolución en las que pide explicaciones al Gobierno salvadoreño sobre quién dio la orden y por qué se obstaculizó el acceso a los archivos militares de la masacre de El Mozote, en la que se acusa al Ejército de asesinar a 986 personas en 1981.
Específicamente, el juez Guzmán pidió en la resolución emitida ayer que las autoridades del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa informen de manera escrita, en cinco días hábiles, quién delegó al coronel Carlos Vanegas, asesor jurídico en Defensa, como responsable de notificar y verificar el bloqueo a las autoridades judiciales en su intento de entrar al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (FAES).
Serán el presidente de la República, Nayib Bukele, también comandante general de la FAES, o el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, quienes den esa información, según indica el auto emitido por las autoridades judiciales de Gotera.
El ministro de Defensa, durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa. FOTO: ARCHIVO D1/MIGUEL LEMUS
Este lunes, la FAES negó acceso al juez Guzmán a los archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote, un crimen de lesa humanidad perpetrado en 1981 por oficiales del ejército salvadoreño.
El juez de Gotera no pudo entrar a realizar las diligencias y revisar la documentación oficial relacionada a la masacre perpetrada por el Batallón Atlacatl en 1981 y por la que el Ministerio de la Defensa ya había intentado obstruir las inspecciones de archivos militares, como se conoció el 19 de septiembre pasado.
“Nosotros nos vamos a retirar, al menos hemos intentado cumplir con la ley”, dijo el juez Guzmán este lunes, antes de despedirse con un saludo de codo con el coronel Vanegas, quien detrás de la barricada le indicó que no se le permitiría el acceso a dicha diligencia.
El juez de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ante el coronel Carlos Vanegas, que le negó el acceso al Estado Mayor Conjunto.
Sobre este informe solicitado por el juez Guzmán, el acusador particular y exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, dijo a ARPAS que «se está pidiendo un informe en el que posiblemente se basará el Juzgado para certificar a la Fiscalía (General de la República) los posibles delitos cometidos el 21 de septiembre», fecha en que se obstruyó el acceso a dichos informes militares.
A juicio de los acusadores particulares en el caso de El Mozote, mediante el bloqueo a archivos militares del lunes, “se está incurriendo en varios delitos, porque no se puede jugar con la justicia, las resoluciones judiciales se cumplen, se deben ejecutar y en este caso se está vulnerando de nuevo el Estado de Derecho… Es una burla para el señor juez”, como señaló Wilfredo Medrano, de la Tutela Legal María Julia Hernández.
La CIDH se pronuncia
Por su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de la CIDH se manifestaron sobre la negativa del Ministerio de Defensa a permitir la revisión de los archivos militares de El Mozote.
«La CIDH y la Relatoría Especial condenan la obstrucción del Ministerio de Defensa a la inspección ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera de los archivos ubicados en el Estado Mayor Conjunto en el marco del proceso criminal del caso El Mozote», indicó la CIDH en un pronunciamiento en redes sociales.
Añaden que «la CIDH recuerda que El Salvador ha sido ordenado por la CorteIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) a adoptar medidas para garantizar el acceso a los archivos útiles a la investigación de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado con el fin de asegurar el acceso a la justicia y derecho a la verdad».
El pronunciamiento de la CIDH finaliza con un pedido: «La CIDH y la Relatoría Especial exhortan a El Salvador a cumplir con dichas decisiones judiciales, garantizando el acceso sistematizado a los archivos relevantes a las investigaciones judiciales y establecer una investigación por la negativa de cumplir la orden de acceso a los mismos».
Reprograma las inspecciones
Otra de las medidas anunciadas por el juez Guzmán en el auto emitido en las últimas horas es la reprogramación de las diligencias en las seis sedes militares que se van a inspeccionar en busca de información sobre la masacre ejecutada por el Batallón Atlacatl en 1981.
En ese sentido, de acuerdo con las fechas del documento al que tuvo acceso Diario El Mundo, habrá una nueva diligencia en el Estado Mayor Conjunto de la FAES, en San Salvador, entre el 5 y 9 de noviembre; mientras que el archivo del Batallón Atlacatl será revisado entre el 12 y 16 de octubre; y el archivo general de la FAES, del área de Inteligencia, se revisará entre el 19 y 23 de octubre.
Otras revisiones incluyen archivos de Logística e Infantería de la FAES (entre el 26 al 30 de octubre); brigadas Aéreas y de Infantería «Teniente Coronel Óscar Osorio» (entre el 2 y el 6 de noviembre); archivo comité de Prensa de la Fuerzas Armadas (COPREFA), archivo general de la nación del Ministerio de Cultura (entre el 9 y 13 de noviembre); y Tercera Brigada de Infantería de San Miguel (el 16 al 20 de noviembre).
Imagen de archivo de la fachada del Centro Judicial de San Francisco Gotera. FOTO: CENTROS JUDICIALES DE EL SALVADOR (Facebook)
Las víctimas de la masacre
El Gobierno de El Salvador cifró en diciembre de 2017 la cifra oficial de víctimas en 986. Ese fue el número de personas ejecutadas por el Ejército en la masacre de El Mozote, en 1981, de las que más de la mitad fueron niños y adolescentes.
El secretario técnico de la Presidencia en ese momento, Roberto Lorenzana, explicó a los pobladores de El Mozote (Morazán) y otros sitios aledaños que el dato se desprendía de un registro iniciado en 2016.
Se trató del “Registro Oficial y Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las masacres de El Mozote y lugares aledaños”, cuya creación fue ordenada por la CorteIDH en una sentencia contra el Estado salvadoreño en 2012.
Lorenzana señaló, de acuerdo con una publicación de la agencia EFE, que el registro contiene los nombres de 1,698 víctimas y afectados por este crimen de lesa humanidad.
De esta cifra se desprenden las 986 personas ejecutadas en El Mozote, de las que 552 fueron niños y 434 adultos, mientras que el resto son sobrevivientes, familiares de víctimas asesinadas y desplazados por los operativos del Ejército.