Raúl Melara, fiscal general, dio a conocer que pedirá a la Audiencia Nacional de España una copia certificada del fallo en el que fue condenado a 133 años de cárcel Inocente Orlando Montano por la masacre de los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) perpetrada el 16 de noviembre de 1989.
«Vamos a tramitar un suplicatorio a España, porque en ese proceso se ha dado a conocer información nueva, hay declaraciones de testigos con las cuales la Fiscalía no contaba hasta el momento», dijo en declaraciones a la prensa.
Este día la Audiencia Nacional lo condenó como responsable de haber planeado y ordenado junto a la cúpula castrense salvadoreña los asesinatos de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno
La sentencia se conoció en una lectura pública en presencia de Montano, único dirigente del alto mando salvadoreño enjuiciado por estos hechos ante la Justicia española, que en la vista oral se desvinculó por completo de la masacre.
La resolución considera a Montano autor de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista.
Igualmente, le atribuye los asesinatos del otro jesuita salvadoreño, así como de la cocinera de la universidad y su hija de 15 años, si bien no pudo condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.
El tribunal estableció un máximo de 30 años de cumplimiento efectivo de la condena, un período al que habrá que restarle el tiempo que lleva en prisión provisional, desde 2017, año de su extradición.
Según los magistrados, los ocho asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Montano como viceministro de la Seguridad Pública”.
Montano participó en la decisión, por la cual se “transmitió la orden de realizar las ejecuciones al coronel director de la Escuela Militar”, Guillermo Benavides, un mando medio que es el único condenado en El Salvador.
El 15 de julio de 2020, en el uso de su derecho a la última palabra, Montano contó que durante los años de la Guerra Civil en El Salvador ayudó muchas veces a los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró a sacar de los calabozos del Estado a ciudadanos que habían sido capturados bajo sospechas de ser miembros de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Aseguró que Ellacuría y Baró, entonces de las principales autoridades de la UCA, llegaban a buscarlo para interceder por la liberación de los prisioneros.
Él, que en esa época era viceministro de Seguridad, tenía bajo su jurisdicción guarniciones militares en Sonsonate, Zacatecoluca y Usulután.
“Yo inmediatamente le atendí y establecimos una especie de amistad”, dijo en el último día del juicio en su contra por ser uno de los presuntos autores intelectuales de los asesinatos. Ese 16 de noviembre de 1989 también fueron asesinados los salvadoreños Joaquín López, la trabajadora de la UCA Julia Elba y su hija Celina Ramos.
“En cierta forma consideraba al padre Ellacuría un amigo porque en diferentes ocasiones pude ayudarle”, reiteró.
Montano negó que él y sus compañeros de la Tandona hubieran planeado los asesinatos de los jesuitas. Hasta en el último momento del juicio repitió el guion de su defensa: culpar a Guillermo Alfredo Benavides del crimen. Descargar en él toda la culpa.
“Fue un error grandísimo el que cometieron los soldados, no hay que echar la responsabilidad al alto mando”, dijo.