El expresidente Elías Antonio Saca puede recuperar salir de prisión en octubre de 2021, es decir dentro de un año, de acuerdo con el nuevo cómputo de su pena que hizo el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria.
El Juzgado concluyó que el exmandatario, condenado por corrupción, cumplirá la mitad de su condena de diez años el próximo año por lo que quedará habilitado para pedir la libertad anticipada.
En el proceso la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Saca empezó a cumplir la condena por lavado de dinero en agosto de 2019, inmediatamente después de cumplir la pena de dos años de cárcel por sobornar a una empleada judicial para obtener información de uno de los juicios en su contra.
Es decir que la Fiscalía consideró que Saca cumpliría doce años de prisión en octubre de 2021 por lo que no estaría listo para pedir libertad anticipada.
Los defensores, sin embargo, señalaron que esos dos años ya los había cumplido. El Segundo de Vigilancia les dio la razón después de la audiencia especial de cómputo de la pena que ordenó la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria.
«De un solo plumazo le borran una pena de dos años. Y ahora lo habilitan para que quede libre el próximo año», criticó Raúl Melara, fiscal general, a través de sus cuentas de redes sociales.
Advirtió, además, que la resolución a favor de Saca «solo fomenta más la impunidad».
«Como sistema de justicia, debemos devolver a la sociedad la certeza del castigo para todos aquellos que delinquen», expresó.
La Fiscalía acusó a Saca González de haber malversado unos 300 millones de dólares de los cuales una parte fueron a parar a sus cuentas personales, de su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca, las empresas de ambos y las cuentas de algunos de sus funcionarios.
En ese entonces Saca confesó para someterse al proceso abreviado y recibir una condena mucho menor de la que habría recibido en un proceso penal común.
Casi un mes después Saca fue condenado a diez años de cárcel. Lo condenó el Segundo de Sentencia. Ese día también fueron condenados los exsecretarios presidenciales, César Funes, Élmer Charlaix y Julio Rank, además de los empleados Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera.
Los fiscales acusaron a Saca de ser pieza fundamental en una gigantesca maquinaria de corrupción. La operación, según los acusadores, ocurrió así: cuando Saca llegó a la presidencia aprobó un reglamento interno para desviar varios millones de dólares a cuentas particulares.
En el año 2006, según la acusación, Saca ordenó a Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia, y a Pablo Gómez, técnico de la UFI, abrir 14 cuentas: el primero abrió diez y el segundo dos en los bancos Citibank e Hipotecario.
Según la Fiscalía, entre los dos movieron 251 millones 297 mil 412 dólares.
Saca firmaba los cheques para Arteaga y Gómez. Ellos los depositaban en sus cuentas para posteriormente transferirlos a las cuentas de Saca, su esposa, sus empresas y a las de sus socios o amigos. Las empresas del exmandatario son: Promotora de Comunicaciones, Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión de Usulután y Stereo 94.1 FM.
El 26 de diciembre la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó que Saca debía reintegrar al Estado 260.7 millones de dólares.
Charlaix fue condenado a devolver 15 millones de dólares; César Funes y Julio Rank, condenados a cinco años de cárcel, deben pagar 886, mil 697.97 y 8 mil 348 dólares, respectivamente.