El Tribunal Especializado en Extinción de Dominio ordenó que 21 de 22 propiedades de William Eliú Martínez pasaran a administración del Estado salvadoreño, según anunció la Fiscalía General de la República (FGR).
“La Fiscalía General demostró que las propiedades tuvieron origen ilícito”, publicó en sus cuentas de redes sociales.
El 14 de noviembre de 2016 comenzó el proceso en su contra y le incautó un hotel, un centro comercial, una quinta, casas y varios apartamentos.
El hotel, por ejemplo, tiene 25 habitaciones, un salón para eventos y varios locales usados como oficinas.
Entre los inmuebles hay una ladrillera ubicada en el cantón las Isletas, caserío El Castaño del municipio de San Pedro Masahuat, La Paz.
Eliú Martínez fue capturado el 12 de noviembre de 2003 en el aeropuerto internacional de Panamá. Agentes de la DEA le informaron de la acusación en su contra y esa misma noche lo trasladaron al país norteamericano por conspirar para favorecer el delito de narcotráfico usando el territorio salvadoreño como puente entre Colombia y dicho país.
Según la DEA, Martínez movió entre 1999 y 2003, al menos, 36 toneladas de cocaína con un valor de 905 millones de dólares.
En el juicio, él dijo que era inocente y que fue perseguido por oponentes políticos, pero fue declarado culpable por un jurado de la ciudad de Washington el 27 de junio de 2005.
Durante el juicio, el ex legislador salvadoreño alegó que fue secuestrado en Panamá por agentes antinarcóticos de EE.UU. y trasladado contra su voluntad; primero a la base militar en Guantanamo, Cuba, y luego a Washington, a finales de 2003.
Los fiscales estadounidenses atribuyeron a Martínez el haber trasladado desde 1998 cinco toneladas de cocaína a ese país por medio de la organización de tráfico de drogas del guatemalteco Otto Herrera.
El exdiputado reiteró su inocencia e indicó que jamás supo que el fugitivo guatemalteco Otto Herrera, con quien tenía vínculos comerciales, tuviera nexos con el narcotráfico y que desconocía que sus propiedades en El Salvador, que alquiló a Herrera y al venezolano Rodrigo Hernández, eran usadas para el tráfico de narcóticos.
Durante el juicio, testificó en su contra David Arias, uno de sus extrabajadores, quien dijo ante el jurado que que él mismo participó junto a Martínez en el tráfico de drogas en alta mar frente a las costas de El Salvador. Por acceder a declarar contra su exempleador, Arias fue liberado de cargos.
De manera lapidaria, el juez que le dictó la sentencia de 29 años de cárcel a Martínez. Le dijo que si sus amigos cercanos no lo hubiesen descrito como una persona buena, lo hubiese decretado cadena perpetua.