Las fuerzas de seguridad de Guatemala detuvieron a dos salvadoreños buscados en su país por diversos delitos, y sin relación entre ellos.
La Policía Nacional Civil (PNC) detalló a periodistas que uno de los salvadoreños detenido es José Santo Iraheta Rojas, buscado por la Policía Internacional (Interpol) por una orden de arresto vigente en su país acusado de «corrupción de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad» mediante «tecnología de la información».
La orden de captura está fechada el 12 de abril de este año, de acuerdo a las autoridades.
Iraheta Rojas, de 33 años, fue arrestado en una zona residencial al sur de la Ciudad de Guatemala y entregado este mismo miércoles a El Salvador por la frontera de Valle Nuevo, en el departamento de Jutiapa (oeste), según precisó la policía guatemalteca.
«Este procedimiento se realizó gracias a la coordinación entre Interpol de Guatemala y El Salvador», puntualizó una nota de prensa de la entidad.
El otro salvadoreño detenido este miércoles por las fuerzas de seguridad es José Melgar Andrade, de 41 años, presunto pandillero que según la Policía Nacional Civil se «escondía» en Guatemala para evadir a la Justicia de su país.
Melgar Andrade fue arrestado en un mercado del departamento de Retalhuleu, ubicado 200 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, y su arresto se dio «en seguimiento a informes de inteligencia policial que establecieron» su paradero, indicaron las autoridades.
A Melgar Andrade le aparecen al menos siete delitos en Guatemala desde 2007 a 2015 como robos, lesiones y violencia contra la mujer, mientras su orden de captura vigente en El Salvador obedece a un caso de hurto de 1999.
Las fuerzas de seguridad «investigan» si Melgar Andrade pertenece a «una organización criminal» y se «ha iniciado la coordinación para su expulsión del territorio guatemalteco», detalló la PNC.
Guatemala y El Salvador son dos de los 15 países más violentos del mundo, según organismos internacionales, principalmente por las pandillas y el narcotráfico.
De acuerdo a registros oficiales, hay alrededor de 22.000 personas privadas de libertad en las prisiones guatemaltecas y otras 35.000 en El Salvador.