El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador dejó la tarde de este jueves en libertad condicional a los exministros de Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez Parada; al expresidente de ARENA, Gustavo López, y tres acusados más por existir “laguna probatoria”.
“El juez lo único que vio fueron lagunas de todas las pruebas que la Fiscalía presentó. Este es un caso inventado, sin fundamento, por una persecución política”, dijo Gustavo López al salir del tribunal.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), todo ocurrió en junio de 2013, cuando el ministro de la Defensa era el general Atilio Benítez. El contrato establecía que el Ministerio de la Defensa daría a CENTRUM en calidad de permuta (intercambio) un lote de armas en mal estado valorado en $2 millones 51 mil.
El lote de armas estaba compuesto por 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, 2, 706,472 cartuchos calibre 7.62 y 9,800 repuestos para fusil G-3.
A cambio, la sociedad CENTRUM entregaría al Ministerio de Defensa dos Obuses M-71 calibre 155 milímetros, un sistema de control de tiro, un sistema de adquisición de blancos, equipo de medición, un Jack de 20 toneladas y una engrasadora automática a presión.
El objetivo era cambiar las armas obsoletas y renovar el equipo armamentístico en artillería. Sin embargo, un mes después de que se firmara el contrato, el general David Munguía Payés, regresó como ministro de Defensa tras ser declarado inconstitucional en el Ministerio de Seguridad.
Lo primero que hizo Munguía Payés, según la Fiscalía General, fue modificar la vigencia del contrato de 36 a 24 meses. Eso a pesar de que el mismo contrato establecía que solo podía haber una modificación por una justificación razonada.
Pero eso no ocurrió así. La justificación del apoderado de Centrum, Héctor Herrera, fue que los obuses estarían en poder del Ministerio de la Defensa en 24 meses.
La Fiscalía asegura que Munguía Payés recibió una nota donde el director de Política de Defensa le sugería no aceptar esa modificación al contrato por posibles problemas legales. No obstante, Munguía Payés realizó la modificación del contrato.
“Con ello dejó indefenso al Estado porque los obuses no vinieron a los 24 meses”, explicó uno de los fiscales del caso.
Posteriormente, según la Fiscalía, hubo otra modificación al contrato el cual establecía que los obuses que le serían entregados al Ministerio de la Defensa eran “repotenciados”, es decir, usados. Eso a pesar que “en el contrato inicial nunca se habló de obuses repotenciados”.
“Esa situación la obvia el imputado Munguía Payés para favorecer a empresa Centrum. Esas modificaciones se hicieron en presencia de Gustavo López”, dijo el fiscal.
La FGR también descubrió que aparte de las 14 mil armas establecidas en la permuta, el Ministerio de la Defensa entregó otras 2 mil 441 armas nuevas que nunca estuvieron en la negociación.
“En ese contexto se mandan dos especialistas a Israel por parte del Ministerio de la Defensa a que vayan a ver el funcionamiento de los obuses. Pero cuando regresan dicen que no probaron los obuses, que en Israel lo que se dio fue una visualización en un polígono”.
Finalmente, los obuses fueron recibidos por el Ministerio de la Defensa, pero no se hizo como lo establecía el contrato, es decir, los recibieron sin antes ser probados.
La FGR presentó este lunes la acusación contra David Munguía Payés por los delitos de actos arbitrarios, peculado y falsedad documental agravada. Atilio Benítez por el delito de peculado; Gustavo López por el delito de complicidad necesario en delito de peculado; Héctor Abel Herrera por complicidad necesaria en delito de peculado, y otros dos imputados más.