Entre las nueve y las once de la mañana de este martes 25 de agosto llegó a El Salvador, deportado de Costa Rica, uno de los acusados de participar en la masacre de tres militares de Estados Unidos perpetrada el 2 de enero de 1991 en un descampado del caserío San Francisco, Lolotique, San Miguel.
A Santos Guevara Portillo, o comandante Domínguez, como fue conocido en las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las cinco organizaciones político-militares que formaron la alianza que en los años de la Guerra Civil integró la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lo capturaron las autoridades migratorias costarricenses cuando intentó entrar a través de la frontera Peñas Blancas, en Nicaragua.
Fue detenido el 11 de marzo de 2020 y su deportación habría ocurrido inmediatamente pero Centroamérica, y evidentemente gran parte del mundo, entró en emergencia por la propagación del coronavirus y las fronteras fueron cerradas casi intempestivamente. También fueron suspendidos los procesos de ese tipo. O al menos el sistema judicial costarricense lo hizo.
FOTO: D1/MIGUEL LEMUS
Durante cinco meses estuvo detenido en suelo tico hasta que El Salvador reinició plenamente todas sus actividades económicas, incluidos los procesos de este tipo.
La Policía Internacional (INTERPOL por sus siglas en inglés) y la Policía Nacional Civil (PNC) lo recibieron en el aeropuerto monseñor Óscar Arnulfo Romero. A las 2 y 25 de la tarde la PNC publicó en su cuenta de Twitter que había “capturado” a Guevara Portillo. En la publicación, además, le es atribuida la responsabilidad del “ataque que terminó con la vida” de los militares estadounidenses.
Después que las autoridades policiales ticas lo entregaron la PNC lo trasladó al Juzgado de Primera Instancia de Lolotique que ordenó su detención en el centro penal La Esperanza, en Mariona, San Salvador.
En un primer momento se barajó la posibilidad de llevarlo a las bartolinas de la PNC en San Miguel.
Hasta el momento no quedó claro cuándo será celebrada la audiencia en su contra ya que el proceso judicial está siendo realizado en base al Código Penal vigente en la fecha del crimen, contrario a las leyes penales vigentes que establecen plazos en este tipo de diligencias.
Guevara Portillo, al salir del juzgado, intentó hablar con los familiares que llegaron a verlo pero los policías impidieron cualquier contacto. Uno de los agentes aceptó entregar al imputado dos sueros que una de las hijas les había llevado.
A la presentación no se presentaron representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) ni abogados de la Procuraduría General de la República (PGR) para asistir legalmente al imputado.
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El 2 de enero de 1991 una columna del ERP derribó el helicóptero en el que viajaban tres militares estadounidenses rumbo a la base aérea José Enrique Soto Cano, en Palmerola, Honduras. Según las autopsias que realizó el entonces Instituto de Patología de la Fuerza Armada (IPFA), de los tres tripulantes, solo el piloto Daniel Sutherland Scott murió como consecuencia de los golpes que sufrió en la caída mientras que los dos restantes, el comandante David H. Pickett y el cabo Ernst G. Dawson, aparentemente fueron ejecutados. La columna guerrillera la integraban Severiano Fuentes, Aparicio; Fermán Hernández Arévalo, Porfirio; Daniel Antonio Abarca Arévalo, Macaco; Raúl Antonio Bonilla Rivas, Ulises; Digna Chicas Chicas, Doris; María Lita Hernández Arias, Carmen; y Guevara Portillo.
El comandante a cargo era Aparicio. La hipótesis principal de la acusación de la época fue que había sido una ejecución. De hecho los testigos aseguraron que después de caer la aeronave pudieron ver vivos a los heridos y que incluso les pidieron agua para beber; sin embargo, al regresar con la botella los encontraron muertos. Los guerrilleros, sin embargo, aseguraron que no los ejecutaron sino que al verlos agonizar los mataron por piedad.
El 4 de enero de 1991 Diario El Mundo publicó una nota titulada “persiguen a 2 comandantes del FMLN por muerte asesores norteamericanos” en la que señaló que la inteligencia de la Fuerza Armada perseguía a los guerrilleros de pseudónimos Domínguez y Joel por la muerte de los militares; en el texto Domínguez es descrito como de 35 años de edad, de 1.55 metros de estatura, con cicatrices en el abdomen y la mano derecha, la oreja izquierda partida, comandando siempre un grupo de 40 combatientes de los que 15 eran para su seguridad personal. Esas características, sin embargo, no corresponden con las suyas. Únicamente tiene una cicatriz en el brazo izquierdo.
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El 18 de enero de 1991 la Comandancia General del FMLN publicó un comunicado en el que presentó como responsable de la unidad que mató a los norteamericanos a Domínguez como autor intelectual y como asesino a Porfirio. Pero ese mismo día la Radio rectificó excluyendo a Domínguez.
Los guerrilleros fueron llamados a Morazán para ser interrogados y el 13 de mayo de 1992 el FMLN mandó seis casetes TDK A/90 con los audios al Juzgado de Primera Instancia de Chinameca con las grabaciones en las que se repite la versión: la unidad patrullaba cuando se encontró de frente con el helicóptero, le dispararon hasta derribarlo porque la orden de sus superiores era disparar contra cualquier nave aérea, una vez en tierra se acercaron gritando ¡ríndanse! pero unos hombres se movían en el suelo, dispararon contra ellos, al terminar el fuego se acercaron y encontraron a los militares estadounidenses malheridos, Domínguez fue a buscar un vehículo para trasladarlos pero el único vecino que tenía uno no estaba. Se llevaron el botín de guerra y al final Aparicio ordenó a Porfirio ejecutarlos porque no se podía hacer nada por ellos.
Según una de las transcripciones que está en una de las piezas del expediente judicial Aparicio dijo: “Dijimos al compañero Porfirio que se regresara y fuera a ver el helicóptero y los heridos… que revisara al mismo tiempo si estaban penando y que si estaban penando los terminara”.
En el Casete 2 Lado B cuya transcripción está en una de las piezas del expediente judicial se le atribuye a Porfirio lo siguiente: “El chele, o sea el coronel, ya se estaba acabando de morir y yo por no verle así le pegué un balazo al haz de los sentidos. El otro solo una mano movía pues, yo lo tenté, porque tenía un balazo en el pecho… yo le quité el chaleco que andaba y la pistola y tenía dos balazos en el pecho y a ese también le pegué en la cabeza, así es que por lástima porque estaban ahí padeciendo estos señores”.
El FMLN entregó a sus combatientes Aparicio y Porfirio el 17 de marzo de 1992. Domínguez no fue imputado en ese momento.
En sus declaraciones los testigos no vieron a Domínguez disparar como tampoco ordenar los asesinatos. Tampoco, además, tenía el poder para ordenar hacerlo. Jerárquicamente la responsabilidad no recaía sobre él.
Porfirio y Severiano quedaron detenidos y fueron imputados por el crimen de guerra. Domínguez no quedó detenido en ese momento.
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El sábado 20 de marzo de 1993 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Unos 24 días después los abogados defensores Omar Pastor y Luis Domínguez Parada pidieron liberar a los detenidos.
El Juzgado de Primera Instancia de Chinameca dictó sobreseimiento para ellos. Los liberó.
De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador también señala como responsable de las muertes de los estadounidenses a Severiano Fuentes, Aparicio; y a Fermán Hernández Arévalo, Porfirio. Domínguez no es señalado como responsable.
Guevara Portillo, terminada la Guerra Civil y vigente la Ley de Amnistía, vivió una vida de excombatiente: trabajó en un estudio de fotografía en Lolotique, luego en una cooperativa agrícola de excombatientes llamada Los Vencedores con sede en Villa El Triunfo, su esposa quedó embarazada y la familia se mudó a San Salvador donde trabajó como vigilante privado, luego como miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y después como empleado de seguridad en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Como es conocido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en el año 2016. Entonces se reactivaron este y otros crímenes de guerra.
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En junio de 2017 Blandino Nerio, entonces diputado del FMLN, coordinó el traslado de Guevara Portillo a Nicaragua. Una vez allá, sin embargo, se desentendió de él. Lo abandonó. También dieron la espalda a su familia.
El 26 de agosto de 2019 el Juzgado de Primera Instancia de Chinameca mandó una orden de captura internacional a INTERPOL contra Severiano, Porfirio y Domínguez.