El Gobierno Central invertirá más de 2 millones 500 mil dólares para contratar cobertura de seguro de vida para los médicos, las enfermas y el resto de los empleados que trabajan en la atención de pacientes enfermos de coronavirus, anunció Francisco Alabí, ministro de Salud.
En conferencia de prensa en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), Alabí dio a conocer el monto total pero se negó a detallar a cuánto ascenderá el seguro para cada uno de los profesionales de la salud.
“Nos lo reservamos por cuestiones de seguridad”, se limitó a decir. Aclaró, sin embargo, que el monto será el mismo para cada uno de los profesionales.
“Es un proceso que lleva todo un análisis”, expresó.
Negó, además, que el inicio de la segunda fase de las actividades económicas esté condicionado a la implementación previa de un régimen de excepción. Pero sí reiteró que una nueva cuarentena es la única forma, según él, para disminuir el ritmo de contagios que hasta la fecha está en hasta 415 diarios.
“En ningún momento se está condicionando, es solo que es viable por disminuir exposición de la población”, comentó.
Ejemplificó con los contagios por rangos etarios en los que puede notarse que es mínima en población de entre cero a 19 años de edad porque los sistemas educativos público y privado están cerrados mientras es mayor entre 20 a 59 años de edad.
“Vamos a tener menos casos por día y así la saturación del sistema de salud disminuirá”, reiteró.
El 25 de junio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló el decreto 620 de la Asamblea Legislativa que obliga al Gobierno a pagar los equipos básicos para realizar del trabajo, implementos de protección que cumplan con estándares internacionales y el pago de un seguro de vida para los médicos.
Esa sentencia es la respuesta a la controversia entre la Asamblea Legislativa y el Gobierno después que los diputados aprobaron un decreto para obligar al Ministerio a comprar insumos de protección de calidad para los médicos y a pagarles un seguro de vida.
En un primer momento el Gobierno de Nayib Bukele vetó el decreto alegando que los diputados cometían intromisiones en la elaboración del presupuesto del Ministerio, que obligaba a asumir gastos sin facilitar antes una fuente de financiamiento.
Sin embargo, los magistrados resolvieron que la Asamblea no está configurando el presupuesto del Ministerio de Salud ni dándole lineamientos específicos de cómo debe gastar ni siquiera establece montos. Más bien establece la obligatoriedad de destinar un monto de los ingresos del Estado para garantizar la satisfacción de un derecho social para los trabajadores de la salud y sus familias.
Señalaron, además, que en sí mismos los artículos que el presidente vetó no pueden provocar desequilibrio presupuestario en los fondos del Ministerio de Salud sino que el desequilibrio puede venir posteriormente, es decir, en la forma de elaboración del presupuesto.