La cuarentena de 85 días decretada por el Gobierno salvadoreño para contener focos de contagio de coronavirus (COVID-19) en el país exhibió carencias y la falta de un plan para prevenir la violencia contra la mujer, de acuerdo a una experta de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
La coordinadora del Programa hacia una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la organización, Silvia Juárez, considera que las medidas para contener la pandemia no tomaron en cuenta el riesgo de que aumentara la violencia intrafamiliar, los feminicidios y calificó como «crítico» que se interrumpieran los servicios de asistencia a víctimas.
Juárez, también ponente en conferencias sobre temas de la mujer, dijo que se notó como las instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR) disminuyeron significativamente sus estadísticas de atención de casos y denuncias en el apartado de violencia contra la mujer, lo que se notó desde el inicio de la cuarentena, a finales de marzo pasado.
Sobre el papel del Gobierno, señaló que es «notorio» que grupos vulnerables como las mujeres, la niñez, adultos mayores o personas con discapacidad no fueron tomados en cuenta en las estrategias de contención de la pandemia, sobre todo ante el riesgo de una precarización de sus condiciones de vida.
A continuación las respuestas que brindó a Diario1 la experta en temas de la mujer y coordinadora del Programa hacia una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de ORMUSA, Silvia Juárez, sobre la violencia y la cuarentena.
¿Qué diagnóstico hacen como ORMUSA sobre los casos de violencia contra la mujer durante los 85 días que duró la cuarentena domiciliar? Muchos delitos y actos de violencia se cometieron en dicho régimen de aislamiento en casa.
R: La organización registra más de 400 comunicaciones de mujeres en situación de violencia, con vulneraciones de todo tipo, de violencia física, sexual, verbal, al derecho a la salud, abusos de poder y otras manifestaciones o expresiones de victimización.
Hemos monitoreado los datos de instituciones públicas y vemos que la tendencia que se traía en los primeros tres meses del año… en promedio mensualmente la PNC atendía alrededor de 800 mujeres sobrevivientes que denunciaban todo tipo de delitos, más de 2,000 servicios policiales como seguimiento a medidas de protección, órdenes de captura, peticiones de auxilio.
Sin embargo, vemos que a partir de la finalización de marzo, y en abril, empieza a haber una caída sustantiva en instituciones como la FGR, la Procuraduría General de la República y también la PNC, aunque en este caso fue mucho menor.
¿Qué afectó? ¿Por qué para las organizaciones los datos aumentaron y en instituciones como la FGR disminuyó? Tienen que ver factores como la misma cuarentena y las restricciones impuestas, paralización o disminución del transporte público y también que las mujeres ponen la denuncia cuando el agresor no está en casa, como mecanismo de protección. Esto no ha variado dentro de la cuarentena y esto hizo que se disminuyeran sustantivamente las denuncias.
Sin embargo, solo en datos de la FGR, de enero a junio, se reportan alrededor de 2,543 hechos de violencia, solo retomando violencia intrafamiliar y expresiones de violencia, sin contar delitos contra la libertad sexual o feminicidios.
Silvia Juárez, coordinadora del programa para una vida libre de violencia de la mujer en ORMUSA. /FOTO: CORTESÍA
¿Qué tanto se diferencian los números de feminicidios que ORMUSA y otras organizaciones manejan respecto a los 26 que la FGR reporta oficialmente hasta el 15 de junio? ¿Cuántos feminicidios tiene registrados ORMUSA?
R: Todas las muertes violentas concurren en un dato de afectación de la vida y seguridad de las mujeres, sin embargo instituciones como la FGR hacen una primera calificación de estas muertes para una subsecuente investigación, no todas son calificadas como feminicidios.
Para las organizaciones, toda muerte violenta es un feminicidio a descartar. El estándar internacional nos dice que las muertes de mujeres, dado los niveles de extrema violencia del país, deben inicialmente investigarse como feminicidio y luego se debe descartar elementos como misoginia, crímenes de odio contra grupos o vinculados a asesinatos, relaciones de pareja… Es importante lograr entender esto para saber que las organizaciones, como ORMUSA, todas, las 56 muertes violentas, incluidos dos suicidios feminicidas, están tomándose como feminicidios en el país.
La violencia contra la mujer no necesariamente disminuyó durante la cuarentena, sino que no se reportó a canales oficiales. /FOTO: EFE
¿Qué tanto se han invisibilizado temas como el respeto a los derechos de la mujer durante la pandemia? ¿Consideran que las autoridades han minimizado este tipo de temas bajo el pretexto de la emergencia actual?
R: Durante la emergencia, ha sido notorio cómo no se ha considerado que las mujeres, como otras poblaciones como la niñez, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, bajo desplazamientos de fin múltiples, van a tener mayores riesgos y precarización de la vida.
Una de las situaciones más críticas ha sido el interrumpir servicios de atención (de la violencia). Los sistemas se activan básicamente, y de manera casi exclusiva, con presencia de las mujeres. Cuando la epidemia nos impidió salir, el sistema no fue capaz de detectar y proteger a las mujeres.
Al menos 28 feminicidios de mujeres que perdieron la vida en condiciones de violencia. Además, no había casas de acogida, ni mecanismos de respuesta remota para situaciones de emergencia, no se contaba con un plan de emergencia, aunque lo ordene el artículo 22 de la LEIV (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres), que ordena al ISDEMU (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer) verificar y estar vigilantes de este centro de respuesta.
Los servicios de atención fueron interrumpidos, cuando en un Estado con las condiciones que se presentan en el país, los servicios de atención deben ser esenciales y no interrumpirse ni siquiera en la emergencia.
¿Qué acciones hace falta que tomen tanto el Estado como otras organizaciones para que la violencia contra la mujer sea un tema prioritario en la agenda pública, aún durante emergencias como la de la COVID-19?
R: En primer lugar, un Estado tiene que considerar que hay servicios esenciales que no se deben interrumpir, que se debe contar con un plan de emergencia para dar respuesta aún en las emergencias a situaciones que no pueden dejar de atenderse como la violencia contra las mujeres.
Tercero, que toda decisión tomada desde el poder público debe pensarse en la afectación diferencial para las mujeres.
Esta pandemia se libró en los hogares, donde era el cuidado de la familia, donde estaba confinada, se alimentaba, se cuidaba y esto sobrecargó de forma significativa la vida de las mujeres.
Las mujeres engrosan las filas del trabajo informal, que fue interrumpido, han generado menores ingresos y van a precarizar su vida. Eso significa desempoderamiento y por lo tanto las decisiones que se tomen en adelante tienen que estar pensadas en esa afectación diferencial.