En el uso de su derecho a la última palabra en la Audiencia Nacional de España, Inocente Orlando Montano contó que durante los años de la Guerra Civil en El Salvador ayudó muchas veces a los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín Baró a sacar de los calabozos del Estado a ciudadanos que habían sido capturados bajo sospechas de ser miembros de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Aseguró que Ellacuría y Baró, entonces de las principales autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), llegaban a buscarlo para interceder por la liberación de los prisioneros.
Él, que en esa época era viceministro de Seguridad, tenía bajo su jurisdicción guarniciones militares en Sonsonate, Zacatecoluca y Usulután.
“Yo inmediatamente le atendí y establecimos una especie de amistad”, dijo en el último día del juicio en su contra por ser uno de los presuntos autores intelectuales de los asesinatos de Ellacuría, Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno que eran sacerdotes jesuitas españoles de nacimiento. Ese 16 de noviembre de 1989 también fueron asesinados los salvadoreños Joaquín López, la trabajadora de la UCA Julia Elba y su hija Celina Ramos.
“En cierta forma consideraba al padre Ellacuría un amigo porque en diferentes ocasiones pude ayudarle”, reiteró.
Montano negó que él y sus compañeros de la Tandona hubieran planeado los asesinatos de los jesuitas. Hasta en el último momento del juicio repitió el guion de su defensa: culpar a Guillermo Alfredo Benavides del crimen. Descargar en él toda la culpa.
“Fue un error grandísimo el que cometieron los soldados, no hay que echar la responsabilidad al alto mando”, dijo.
“El juicio que se inició hace un par de semanas contra mi persona ha adolecido de muchos errores técnicos y morales, se ha mentido a destajo”, se quejó.
El juicio contra Montano reinició el miércoles pasado en España. La gran novedad fue la declaración de René Yusshy Mendoza, exmiembro de la Tandona que decidió colaborar con la justicia española para el esclarecimiento del crimen.
Mendoza acusó directamente al Estado Mayor y al Alto Mando de ser los autores intelectuales y materiales de los asesinatos, incluyendo con ello a Montano.
Contó que la masacre fue ordenada en una reunión horas antes de los asesinatos con el coronel Benavides, a quien se encargó que ejecutara la matanza y quien a su vez eligió a Mendoza para que junto a otro mando de la Escuela Militar dirigieran la operación.
«Toda la operación estaba ordenada por el alto mando, Benavides me dijo que tenía que ejecutar la orden que había recibido y que Montano fue una de las personas que dio la orden de eliminar a Ellacuría, me lo dijo varias veces», afirmó
También implicó al expresidente Alfredo Cristiani porque, según él, el alto mando iba a informarle de la operación en un encuentro en el edificio del Estado Mayor y que si se oponía a los asesinatos se informaría de ello.
«Si no hubo contraorden es que el presidente lo tuvo que haber aprobado», señaló.
El viernes pasado declaró Luis Parada, exoficial de inteligencia de la Fuerza Armada, que aseguró que el intento de encubrimiento comenzó desde el mismo momento del crimen.
«Desde el primer día hubo intento de encubrimiento de los asesinatos a un nivel que tuvo que haberse ordenado por el alto mando», aseguró.
La mañana del 16 de noviembre, con los cuerpos aún tendidos en la Universidad, en el actualmente conocido como Jardín de las Rosas, Parada fue convocado a una reunión de oficiales en la que el jefe de operaciones Carlos Herrera Carranza, sujetando una radio del sistema interno de Inteligencia, dijo al director: «A Ellacuría le mataron por resistirse al arresto». Luego, regresó y habló de ocho muertos.
La respuesta del entonces máximo responsable de la Inteligencia, Carlos Mauricio Guzmán Águila, fue: «ya ven, ya comenzaron a pasar cosas».
«Inmediatamente supe que habían sido las Fuerzas Armadas, porque al decir arresto quiere decir que era un autoridad y eso solo podían hacerlo los militares», recordó Parada.
La Fiscalía española pide 150 años de cárcel para Montano.
El crimen fue juzgado en El Salvador en 1991, pero solo condenaron a dos mandos intermedios a treinta años de cárcel, aunque fueron amnistiados en 1993, y se absolvió a otros siete militares, los supuestos autores materiales.