El expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena negoció la reducción de los asesinatos con los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 porque pretendía mejorar su imagen pública, de acuerdo con las investigaciones de la tregua entre pandillas.
Para implementar la tregua Funes y David Munguía Payés, entonces ministro de Seguridad, facilitaron la salida de casi dos docenas de cabecillas pandilleros desde el centro penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, la Paz, hacia otras cárceles de mediana y baja seguridad.
“Decidieron negociar con los líderes terroristas a cambio de beneficios penitenciarios”, explicó la fiscal del caso en la intimación de Munguía Payés en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador.
Munguía Payés y Funes fueron imputados por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Para los dos exfuncionarios la Fiscalía General de la República (FGR) pidió la detención provisional.
En el caso de Funes, que en la actualidad está asilado en Nicaragua, es probable que sea girada una nueva orden de captura.
La fiscal del caso también aseguró que la tregua fortaleció a las pandillas mientras sus miembros continuaban extorsionando y desapareciendo ciudadanos.
“Tenemos abundante prueba testimonial que nos da los parámetros para determinar cuáles fueron las acciones que cometieron”, dijo la fiscal.
Munguía Payés fue detenido el 23 de julio en la noche. De acuerdo con la Fiscalía, el también exministro de Defensa ya había empezado a huir, es decir, que sabía que sería capturado.
Se supone que el exministro fue el arquitecto de la tregua que devino en la abrupta caída de las estadísticas de homicidios.
Esa fue la negociación pero a cambio los funcionarios de la época facilitaron actos ilegales a los principales cabecillas pandilleros con la excusa que se mantuvieran activos para mantener los ánimos serenos en los territorios controlados por ellos mismos.
Este tipo de beneficios incluía la introducción a los centros penales, sin ningún tipo de control, de electrodomésticos y otros objetos ilícitos, además de la organización de fiestas que en algunos casos llegó a incluir bailarinas que se desnudaron frente a pandilleros, tal como lo reveló el video de la “pornofiesta” realizada en el penal de Izalco durante la tregua.
Estas investigaciones motivaron a la realización de dos juicios contra mandos medios que laboraban en la Dirección de Centros Penales durante el gobierno de Funes y el “mediador” de la tregua, el exguerrillero Raúl Mijango. En los dos juicios, los acusados salieron absueltos y el juez de la causa cuestionó por qué la Fiscalía no había procesado penalmente al expresidente Funes y a Munguía Payés.