La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este viernes a El Salvador a coordinar de forma «pronta y segura» el retorno de los ciudadanos varados en otros países por la pandemia del coronavirus.
Lo anterior se da luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio la razón al Parlamento en la controversia suscitada por el Decreto Legislativo 621, el cual contiene disposiciones transitorias para regular el retorno de salvadoreños.
Este decreto fue vetado por Bukele por considerarlo inconstitucional, pero el 30 de abril pasado los diputados superaron dicho veto.
Con lo anterior, el Gobierno debe tomar en cuenta dicho decreto para al regreso de los salvadoreños en el exterior.
«La @SalaCnalSV emitió el 6 de julio la sentencia que confirma la constitucionalidad del artículo 1 del Decreto 621, que obliga al Estado a facilitar el retorno de personas salvadoreñas varadas en el extranjero durante pandemia del #COVID19», indicó la entidad a través de su cuenta de Twitter.
Señaló que «la CIDH reconoce los esfuerzos de El Salvador y lo exhorta a que coordine de forma pronta y segura el retorno asistido de sus connacionales y residentes al país».
De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de El Salvador ha repatriado a 2.170 compatriotas que estaban fuera del país por la alerta por la COVID-19.
Cancillería indicó que desde el 1 de mayo y hasta el 3 de julio han llegado al país 2.170 personas como parte del Plan de Repatriación aprobado por el presidente Nayib Bukele.
Algunos de los repatriados han compartido en redes sociales que ellos fueron los que pagaron el viaje para volver al país y reclaman al Gobierno un plan más integral para los salvadoreños que aún están en otros lugares.
El abogado Ovidio Mauricio, miembro de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal «María Julia Hernández», manifestó el jueves que la situación de los salvadoreños varados en otros países por la pandemia también es «preocupante» porque el «Gobierno los ha considerado infestados y ha retardado su repatriación».
Lo anterior, según Mauricio, «viola de forma flagrante el derecho que estas personas tiene de entrar y salir del territorio».
El abogado consideró que el Ejecutivo «debe coordinar con los otros Estados para facilitar la repatriación de los compatriotas varados en otros países» y «debe promover condiciones propicias para el retorno con seguridad, dignidad y asistencia integral».