Vía Twitter el presidente Nayib Bukele ordenó la destitución del jefe de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Ahuachapán después que agredió a un sindicalista que participaba en una protesta de médicos y enfermeros que exigían pago de bonos, seguro médico y otras prestaciones para los empleados del Ministerio de Salud (MINSAL).
“El jefe de la PNC de Ahuachapán deberá ser removido por falta de criterio y nombrar en su lugar a alguien que si merezca el cargo”, publicó el presidente en sus cuentas de redes sociales.
Casi de inmediato Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, respondió también a través de redes sociales que el jefe de la delegación había sido removido y en su lugar había sido nombrado “un comisionado con criterio de actuación policial”.
En un video que publicó Meganoticias 19 puede verse que uno de los sindicalistas increpa al jefe de la delegación ahuachapaneca, parecen discutir y en ese momento el comisionado se abalanza sobre él y lo empuja una y otra vez.
Los sindicalistas salieron a las calles este día en la mañana para exigir beneficios para el personal médico afectado durante la pandemia de coronavirus (COVID-19).
Las protestas ocurrieron en San Salvador, Ahuachapán, San Miguel y Usulután.
Una de las manifestaciones llegó hasta la Asamblea Legislativa.
Las exigencias son: la aprobación de una ley de estado de excepción para que la población vuelva a cuarentena domiciliaria por 15 días, pago de bonos de junio y julio al personal de primera línea y el pago de un seguro de vida para este personal y uno de forma retroactiva para los familiares de médicos fallecidos.
El 25 de junio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló el decreto 620 de la Asamblea que obliga al Gobierno de Bukele a entregar a todos los profesionales de la salud, que en la actualidad luchan contra el coronavirus, los equipos básicos para realizar su trabajo, implementos de protección que cumplan con estándares internacionales y el pago de un seguro de vida.
Los artículos del decreto 620/2020 que Bukele impugnó establecen que su administración presidencial está obligada a entregar los equipos básicos y necesarios para que los trabajadores de la salud puedan curar o salvar la vida a los ciudadanos enfermos de coronavirus, les deberá entregar los equipos necesarios para su protección, es decir, los aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no solo trajes quirúrgicos o batas verdes que son las comúnmente utilizadas para la protección en tratamientos de rutina, así como también contratará seguros de vida para todos ellos.
El Gobierno alegó que el decreto que los diputados aprobaron era inconstitucional porque implicaba intromisiones en la elaboración del presupuesto del Ministerio de Salud, que obligaba a asumir gastos sin facilitar antes una fuente de financiamiento.
Los diputados rechazaron esos argumentos diciendo que no estaban configurando el presupuesto del Ministerio de Salud, que la erogación de los fondos para los equipos y los seguros de vida para el personal médico puede ser planificada, es decir, existen fuentes de financiamiento que el Gobierno deberá identificar y ejecutar.
Sin embargo, los magistrados resolvieron que la Asamblea Legislativa no está configurando el presupuesto del Ministerio de Salud ni dándole lineamientos específicos de cómo debe gastar ni siquiera establece montos. Más bien establece la obligatoriedad de destinar un monto de los ingresos del Estado para garantizar la satisfacción de un derecho social para los trabajadores de la salud y sus familias.
Señalaron, además, que en sí mismos los artículos que el presidente vetó no pueden provocar desequilibrio presupuestario en los fondos del Ministerio de Salud sino que el desequilibrio puede venir posteriormente, es decir, en la forma de elaboración del presupuesto.