Con 71 votos la Asamblea Legislativa aprobó este lunes un decreto para la suspensión de los plazos procesales y administrativos por 15 días, esto debido a la pandemia de COVID-19 que afecta a El Salvador. Esta iniciativa fue solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Asamblea Legislativa.
El documento que fue enviado por la CSJ a la Asamblea Legislativa dice que, “debido a la situación epidemiológica actual por la pandemia por la Covid-19 que afecta al territorio nacional y que a la fecha reporta un aumento progresivo de los casos confirmados y de fallecidos, hace necesario y de manera excepcional implementar reglas procesales transitorias para el proceso penal enfocadas a evitar la presencia de los procesados privados de libertad en los recintos judiciales, con el fin de proteger a esta población y a los servidores públicos de las dependencias policiales, centros penitenciarios traslado de reos y del Órgano Judicial y demás usuarios del sistema de justicia; sin que esto implique una violación a los derechos constitucionales de audiencia y defensa”.
De acuerdo con la Asamblea Legislativa, quedan excluidos de esta disposición los plazos previstos por la Constitución de la República para la detención administrativa, el término de inquirir y consecuentemente, las audiencias derivadas de este último; así como lo relativo a las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar y los procesos a los que se refiere la Ley de Procedimientos Constitucionales promovidos en el marco de esta situación sanitaria.
En el Decreto Legislativo 644, del 14 de mayo 2020, se decretó la Disposición Transitoria para la Ampliación de Plazos Judiciales y Administrativos en el marco de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por Covid-19, la cual la extendió hasta el 24 de mayo del 2020 la suspensión de plazos judiciales y administrativos, mediante Decreto Legislativo 599 con fecha 20 de marzo del 2020.
Los plazos y términos siguen corriendo en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, no obstante que actos o diligencias podrían no realizarse y llegar al vencimiento de los plazos, como el caso de la detención provisional, cuyo límite, según el artículo 8 del Código Procesal Penal.
Sindicalistas cierran tribuanles
Miembros del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) cerraron este lunes las instalaciones del Centro Judicial de Santa Tecla como medida de protesta ante posibles contagios de coronavirus (COVID-19) detectados en dicha sede.
“Ya días, desde el jueves, venimos pidiendo a las autoridades de la Corte (Suprema de Justicia) que se suspendan los plazos procesales y administrativos, que la Asamblea Legislativa los apruebe y el presidente los sancione”, dijo Reina Sigarán, secretaria del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS).
Los empleados judiciales regresaron a las actividades desde el lunes 15 de junio, un día antes de reiniciar la reapertura económica por fases a nivel nacional, en el marco del desconfinamiento por la pandemia.
Los sindicalistas dicen que esa vuelta a las labores los ha dejado expuestos ante los posibles contagios que se han detectado en el centro judicial tecleño y piden que las autoridades tomen medidas pertinentes, como dividir al personal en grupos.